La seguridad social es un bien público para el que no se ha construido su universalidad y no ha sido posible garantizar su acceso frente a la crisis contributiva resultado del modelo de desarrollo instrumentado hasta ahora, mismo que no logra crecimiento económico, ni empleo protegido, ni recaudación fiscal.

La universalización de subsidios a la población vulnerable, no debe ser más un anzuelo estatal asistencial para argumentar el bienestar de la sociedad, pues no habrá recursos que alcancen para satisfacer la demanda por atención médica el resto del siglo si se sigue privilegiando el modelo sanitario curativo que aplican los tres seguros públicos de salud frente a enfermedades que debieran prevenirse.

De acuerdo con lo que se percibe, uno de los objetivos prioritarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador será eliminar el federalismo respecto del presupuesto de salud, regresando al Estado la facultad exclusiva para el pago de nóminas, medicamentos, compras consolidadas y gastos generales tanto a nivel estatal como municipal.

De todas las materias pendientes en la agenda pública nacional, la reforma del sistema de salud no puede pasar inadvertida. Hace unas semanas el diagnóstico fue que se está peor que en el sector educativo y se pone sobre la mesa la necesidad de “federalizar el sistema de salud” para hacer frente al servicio deficiente que conocemos todos.

Casi 21.5 millones de habitantes no se encuentran afiliados a alguna institución de salud y el 42 por ciento de los mexicanos no cuentan con cobertura amplia en el paquete de atención, se carece de cobertura universal en los ejes de afiliación, gasto, además de paquetes de atención y capacidad.

Fusionar el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y las otras instancias del sector no es una idea nueva, se ha venido planteando desde hace más de una década, incluso el sexenio pasado perfilaba la conformación del Sistema Universal de Salud en México, en el que una persona podría ser atendida en cualquier hospital sin importar a cuál dependencia estuviera afiliado.

Pero esto requiere el intercambio de 700 servicios médicos que son las afecciones más comunes entre la población además de incluir una tasa de atención completa y servicios esenciales (de acuerdo a lo que establece la Organización de la Salud OMS), destinando algo así como el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en salud, lo que equivale a 915 mil millones de pesos.

Llegar a un modelo de Salud Universal para todo el país y para todos los sectores de la población que lo integran es una tarea complicada por la diversidad de la sociedad mexicana y de las regiones que integran el país, por la complejidad de los retos en términos de cobertura, calidad, y sostenibilidad económica en el mediano y largo plazos con estrategias financieras que incluyan principios de justicia y equidad social.

Aunque los discursos parecen indicar la existencia de consensos sobre lo que se tiene que hacer, la diferencia subsiste en los detalles sobre cómo se concretarán las propuestas generales y quién asumirá los costos del nuevo sistema.

Por lo pronto debemos tomar en cuenta algunas características que el sistema de salud universal requiere:

  • Debe garantizar el acceso efectivo y con calidad a toda persona, independientemente de su condición social, a los servicios de salud, ya sea federal o estatal.
  • Se requiere homologar la capacidad de respuesta de las instituciones, los protocolos de atención.
  • Establecer una “instancia que fiscalice y garantice el acceso universal” a los servicios de salud.
  • La reforma debe incluir los conceptos de portabilidad y convergencia como los grandes pilares de la salud integral.

De concretarse las modificaciones urgentes que requiere la sociedad en el sector salud, veremos mayor intercambio de servicios posible entre instituciones, así como la homogeneidad en la calidad de estos al brindarlos. Es por ello esta reforma, uno de los grandes pendientes.

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz