Durante los gobiernos que abandonaron su obligación por mantener la solidez de las instituciones, se fue alimentando por debajo de la superficie el fenómeno de la corrupción, mismo que no se combatió y que antes como ahora, tal lucha debe llevarse a cabo de manera paulatina sistemática y global; alentada por el Estado.

Los resultados deben ser claros, castigando a los corruptos públicos y notorios y a los que no lo sean pues el esfuerzo serio que se esté realizando tiene que generar la confianza de la sociedad sobre la búsqueda de este objetivo.

Se trata de un esfuerzo permanente en todos los ámbitos y en todos los niveles, de una nueva orientación en cuanto a la cultura de la denuncia y la defensa de los derechos humanos. Cualquier individuo que trasgrede la ley, nos afecta como ciudadanos.

La corrupción se convirtió en un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que quebranta la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo de la sociedad.

La corrupción nos vulnera y contribuye a la enorme desigualdad pobreza y falta de oportunidades, es algo que penosamente se materializa en la participación de delitos como el robo de hidrocarburos y sus consecuencias fatales; pero también tiene que ver con el ciudadano que se pasa el alto, con el funcionario que acepta sobornos, con el desvío de recursos del erario público, por señalar algunos casos.

Es verdaderamente doloroso que este tipo de prácticas cueste más a los que menos tienen, pero es la atroz realidad y la consecuencia más sensible sería que siga prevaleciendo la impunidad, porque la confianza de los mexicanos no podría recuperarse.

Muchos críticos del nuevo gobierno han señalado la incompetencia en la toma de decisiones del Presidente López Obrador, se han referido a ello con base en que consideran que la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, no se sostuvo en argumentos suficientes y careció de cifras convincentes, solo como sus predecesores a los que se juzgó por la misma forma de mostrar su poder.

Sin argumentos, sin parámetros razonables y por lo que algunos organismos como el Banco de México y la Comisión de Federal de Mejora Regulatoria presentaron sendas controversias constitucionales por la Ley Federal de remuneraciones, tal y como señale en mi entrega anterior, se reducen ingresos a los funcionarios más calificados y se eliminaron las prestaciones de todos los trabajadores de confianza del gobierno, se han despedido (en muchos casos intentando no pagar liquidación) a miles de trabajadores, que desde hace décadas estaban en categorías de eventuales, para mi quedan muchas dudas por despejar, pues no comprendo si esto es lo que significa para el gobierno combatir la corrupción.

La lucha contra el robo de combustible, loable, por cierto, pero cuestionable respecto a su planificación, o la centralización del Presupuesto y cada decisión del gobierno que unipersonalmente se anuncia, promueve y defiende todas las mañanas, no me permite alcanzar a la eficacia y los resultados observar los resultados, del combate a la corrupción y a la impunidad.

Comprendo que es un gran reto, y mi percepción de ningún modo debe ser interpretada como un ataque personal, me entusiasma la búsqueda de la épica y concepción heroica de acabar con estos flagelos, me sumo a esta magnífica intensión, pero los resultados no los veo por ningún lado y reseñar, algunas acciones como muestra de ello, espero solo sea porque apenas se acaba de comenzar. Coincido con el gobierno, debemos sumarnos a esta lucha porque se trata de un gran reto, pero al mismo tiempo lo justo es pedir mejores resultados.

 

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz