Un juzgado de Barcelona procesó a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán dirigido por Carles Puigdemont por su presunta implicación en la preparación del referendo ilegal de independencia celebrado en octubre de 2017 en esta región española.

Nueve ministros de ese gobierno regional, así como dos líderes civiles y la expresidenta del Parlamento catalán, están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo en relación a esa votación ilegal. Se les acusa de rebelión y malversación, con una petición de penas por parte de la fiscalía que oscila entre los siete y los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

En ese proceso hay una destacada ausencia, la del expresidente Carles Puigdemont, instalado en Bélgica y declarado en rebeldía por parte de la justicia española, que mantiene vigente una orden de detención nacional contra él si vuelve al país.

Además, el juzgado 13 de Barcelona ha estado investigando desde marzo de 2017 las actividades relacionadas con el referéndum de la segunda línea de mando del gobierno regional.

Entre los 30 procesados figuran responsables de comunicación, economía e informática del gobierno regional, los directores de los medios de comunicación públicos y jefes de empresas presuntamente contratadas para la preparación de la votación. Se les acusa de “organizar una serie de acciones que aseguraran la celebración de una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para ello presupuesto público”.

Se impone a los 17 procesados por malversación una fianza total de 5,8 millones de euros que, según su estimación, es la cantidad gastada para el referéndum.

El procesamiento, recurrible por parte de los implicados, es el paso previo al auto de apertura del juicio oral.

 

Con información de Primera Voz