Apenas el 10 de abril en curso, a través de este mismo medio se publicó el artículo denominado: ¿Reforma Judicial Anticorrupción?,[1] en el cual escribí, entre otras cosas, sobre la iniciativa de reforma constitucional presentada por el senador Ricardo Monreal, que propone crear una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción.

En esa ocasión subrayamos nuestra preocupación respecto a esa intención reformadora, considerando que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha tenido la posibilidad de operar a plenitud, como para poder evaluar su eficacia y eficiencia. Basta recordar, que a estas fechas no han sido nombrados los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece la legislación.

Pero la buena noticia llegó más temprano que tarde, pues el 12 de abril el senador y Presidente del Senado de la República, Martí Batres, publicaba en su cuenta de twitter: “Hoy el Senado fue notificado de la sentencia de amparo sobre los magistrados anti corrupción. Procederemos a cumplir la sentencia” y agrega “El Senado tendrá que resolver si ratifica o rechaza las propuestas del Ejecutivo Federal.”

Hay que recordar y reconocer el mérito de este logro -llamado sentencia- al Comité de Participación Ciudadana que se encargó de judicializar la omisión de la Cámara de Senadores para resolver sobre la ratificación o rechazo de las propuestas de magistrados anticorrupción, presentadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, hace casi dos años, el 24 de abril de 2017.

Sin duda una pena que asuntos como estos de relevancia nacional contra la corrupción, tengan que judicializarse y así, años después, la justicia federal se haga patente.

Será muy interesante conocer los perfiles y la idoneidad de las personas propuestas para magistrados anticorrupción, de acuerdo con los nuevos criterios y políticas tanto del Presidente de México, López Obrador, como de los senadores, para la designación de estos personajes que tendrán indiscutiblemente una labor crucial en el funcionamiento del Sistema (SNA).

Cabe decir que la sentencia del décimo tribunal colegiado en materia administrativa deja muy en claro, que en esta designación no se trata de una competencia curricular de cada candidato a magistrado anticorrupción, sino de justificar plenamente el por qué de la propuesta de cada uno de éstos, es decir, por qué se les considera idóneos para el cargo (cuáles son sus méritos, calidad profesional y ética).

En una sana lógica diríamos que el Senado de la República deberá aplicar en este sentido, criterios de valoración similares a los requeridos al titular del Poder Ejecutivo por el Tribunal Colegiado, si quiere abonar a la transparencia del proceso, y más aún a la confianza ciudadana.

Por lo pronto, insistiremos en la idea de que el fortalecimiento de las instituciones -tan debilitado por las cancerosas estructuras de la corrupción que se incrustaron en todos los ordenes y niveles de gobierno- solo podrá ser a partir de bridar certeza y confianza a los ciudadanos, lo cual se logrará siempre que los responsables primarios del cumplimiento de la ley -dígase gobiernos, autoridades, legisladores y jueces- cumplan con sus funciones apegados a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y objetividad.

Hay un consenso en relación con la lucha anticorrupción, las voces son unánimes, quizá solo falta un poco más de voluntad política para impulsar lo que ya está escrito en la Constitución y la ley, y que no termina de consolidarse en la realidad por razones políticas, no jurídicas.

Mecanismos como el Sistema Nacional Anticorrupción -hemos dicho- quizá no tienen el mejor diseño institucional o el más adecuado para nuestra lacerante realidad en la materia, sin embargo, la sociedad demanda cada día más y mejores instrumentos que garanticen efectivamente el pleno goce se sus derechos, uno de ellos fundamental en la actualidad, vivir una vida libre de corrupción e impunidad.

[1] Consultable en: https://primeravoz.com.mx/reforma-judicial-anticorrupcion-por-el-mtro-javier-quetzalcoatl-tapia-urbina/

 

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.