La migración histórica de aproximadamente cuatro mil quinientos centroamericanos a nuestro país, genera especulaciones respecto a su inesperada espontaneidad, los orígenes que impulsan este hecho sin precedentes, la eficacia de nuestra legislación, la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, la compatibilidad de normas con el bloque constitucional de derechos humanos (Constitución-tratados internacionales), y por supuesto la revisión de nuestras propias políticas públicas en esta materia.

La pobreza y falta de oportunidades de mujeres, hombres y niños, con una inmensa necesidad por sobrevivir cargando sus sueños en mochilas y queriendo cruzar al mismo tiempo, es profundamente desgarradora y dolorosa, pero es el signo de una sociedad que no nos es ajena; su irrupción burlando vallas, ha sido la nuestra.

México debe actuar con responsabilidad y acorde con la atención que requiere la migración humana del siglo XXI, pues a pesar de que la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobernación han manifestado como prioridad la aplicación de medidas humanitarias, no se tiene certidumbre sobre las acciones que se han llevado a cabo durante años; lo que sí sabemos es que México rebasa a Estados Unidos en expulsión de migrantes.

Entre 2015 y 2018 México deportó 436 mil 125 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, lo cual sin duda acredita lo que nuestro país le ha servido para la contención de migrantes al país del norte, y aunque aún nos falta saber si el próximo gobierno actuará de forma distinta, en lo que se revela como el otro muro de Trump; quienes promueven la cuarta trasformación del país deberían realizar no solo un llamado enérgico, sino la solicitud inmediata de rendición de cuentas sobre la represión del gobierno actual, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos a que se refiere el artículo 2º de la Ley Migratoria.

Es momento de implementar adecuadamente la Ley bajo los principios de respecto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la complejidad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; facilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

El derecho de origen nacional y el derecho de origen internacional son ya, sin excusa ni limitación alguna, fuente directa de derechos humanos en México, sustento de atribuciones y protección con los que debe contar toda persona en razón de su naturaleza humana.

Además de nuestro ordenamiento máximo, hay que sumar los 26 derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 27 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuatro derechos reconocidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los 15 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 41 derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, los 29 derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Si en México consideramos que el derecho a migrar está reconocido en el artículo 11 de la Constitución que establece: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”; y que, como restricciones a ese derecho, el referido artículo establece: “El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”; resulta evidente que muchos aspectos de la Ley deben ser revisados.

No puede seguir siendo usada la seguridad como un pretexto para superar las consideraciones de los derechos humanos a pesar de que la abrumadora mayoría de los migrantes, incluidos los que cruzan las fronteras de forma irregular, no suponen amenazas precisamente de seguridad. La migración analizada a partir de extremos muestra estereotipos negativos, abuso, vulnerabilidad, criminalización, prejuicios culturales y sociales de lo diferente, de lo que no se conoce.

La legislación mexicana en el fondo se implementa bajo grandes contradicciones que, al final, terminan resolviéndose a partir de decisiones y actos discriminatorios que se cubren con el discurso de la actividad soberana del Estado; es nuestra oportunidad, garanticemos el derecho a migrar de toda persona y respetemos sus derechos humanos, seamos ejemplo de no ser lo mismo de lo que nos hemos quejado, las fronteras no son los límites que fijan los Estados, sino los límites que nosotros nos ponemos, al no buscar la igualdad de derechos para todos.

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz