A 12 años de declararse constitucional la interrupción legal del embarazo, los servicios de salud se han realizado 209 mil 359 procedimientos en la Ciudad de México, los cuales no han causado ningún deceso, afirmó la secretaria de Salud, Olivia López Arellano.

La mayoría de las solicitantes en los 13 centros hospitalarios fueron capitalinas y 27.5% de los estados de Puebla, Hidalgo y de México.

“Esta última entidad se ubicó como la segunda con más intervenciones, al sumar 55 mil 233, lo que nos lleva a reflexionar sobre que acuden aquí ante la existencia de leyes restrictivas”, aseveró.

La ciudad tiene uno de los menores porcentajes de reincidencia, aunque las mujeres acuden con mayor frecuencia antes de las nueve semanas de gestación, con lo cual se reduce el riesgo de una intervención. Las adolescentes, sin embargo, acuden de manera tardía, lo que ha impedido realizarlo, pues la norma establece que no es posible hacerlo después de 12 semanas de embarazo.

De las mujeres atendidas, 83% tienen edades entre 18 y 35 años, y sólo 5.6% es menor a 18, lo que representa un problema de salud pública, pues se encuentran en desventaja en el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual integral.

Por su parte, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, señaló que se han presentado 16 quejas por presuntas violaciones a los derechos de las mujeres y su salud y sólo una sigue en trámite.

Ante funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, expuso que dicha queja se originó porque se negó a una mujer realizarle el aborto con 13.6 semanas de gestación; ella consideró que se afectó su derecho a la salud, aun cuando se le practicó finalmente, y continúa la investigación a fin de llegar a una conciliación.

Ante este tipo de situaciones se ha planteado la ampliación del periodo de interrupción de 12 a 20 semanas de gestación, discusión que se deberá dar en el plano científico y de la salud.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, llamó a no criminalizar a las mujeres por interrumpir un embarazo –porque los hombres no se hacen responsables–, o se les exija en su trabajo una prueba de gravidez, se les baje el salario o se les despida. En los pasados tres años, agregó, se registraron cerca de 30 mil nacimientos en niñas que tenían el derecho de interrumpir su embarazo de manera segura y no tuvieron información del Estado.

“Por ello, con las redes de mujeres vamos a cubrir 200 colonias de las más pobres, donde las mujeres no ven o leen noticias, para que sepan que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación”, agregó la secretaria del Instituto de las Mujeres, Gabriela Rodríguez.

Representantes de organizaciones sociales plantearon que la ILE sea una política de Estado que garantice la vida y la libertad de las mujeres a decidir y no se les castigue o encarcele por recurrir a ella.

 

Con información de Primera Voz