Sucesos tan lamentables de ataques con arma de fuego hechos por niños o menores de edad, deben ser preocupación para la sociedad y el gobierno, preocupación de lo que les estamos dando a nuestros menores; el gobierno, por lo pronto, ha hecho que crezcan en entornos de violencia, en guerra.

El caso del Colegio Cervantes donde perdieron la vida una maestra y un menor que detonó un arma de fuego sobre cinco niños más y un maestro de educación física, heridos en el ataque, hacen pensar ¿en qué entorno creció?, y ¿por qué un niño pudo portar un arma y detonarla?

No debemos criminalizar, y si pudiéramos hacerlo, sería entonces responsabilidad de la sociedad, de aquellos sujetos que sin importar las consecuencias crean, venden y trafican miles de armas. Sería también culpa de la violencia generalizada y naturalizada por la guerra al narcotráfico, que ha hecho que vivan entornos violentos y, de quienes educan en los hogares ensalzando, aplaudiendo y estigmatizando a criminales como una meta aspiracional.

Señores funcionarios no es suficiente dar “apoyo” psicológico a los alumnos del colegio, en nuestro país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018 , en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años, que deben tener un entorno donde no se les violente, incluso, con estos apoyos de atención psicológica; hay que rechazar el discurso de las autoridades que reducen estos hechos a la influencia de videojuegos, pérdida de valores o problemas de salud mental, sin reconocer la responsabilidad del Estado Mexicano en la violencia social en la que los menores sobreviven.

El ejercicio es hacer valer el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) qué define como derechos elementales de las niñas y niños el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y dicta que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a que se preserve su vida, se garantice su desarrollo y se prevenga cualquier conducta que atente contra su supervivencia.

Es primordial que en la primera infancia, – etapa de mayor vulnerabilidad, debido a la total dependencia de cuidados físicos, alimentación, abrigo, e higiene-, se les de una entorno equilibrado física y emocionalmente. Un hogar libre de cualquier abuso.

Revisión de mochilas violan los derechos humanos 

En julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 a la Secretaría de Educación Pública por violaciones a derechos humanos que ocasiona el operativo “mochila segura”. Pese a la recomendación el gobierno de Coahuila criminalizó a niñas , niños y adolescentes.

Ante esta situación, asociaciones como REDIM recuerda qué este acto de autoridad es violatorio a derechos humanos por discriminar por edad y violentar la intimidad de la población estudiantil.

Destacando que se necesitan acciones que involucren de forma respetuosa a niñas niños y adolescentes en la búsqueda de alternativas para construir comunidades educativas seguras, basadas en confianza y solución pacífica de conflictos.

La Recomendación 48/2019 versa sobre la violación de los derechos humanos a la educación, la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez.

Mexicanos armados con el tráfico ilegal

Estados Unidos es el principal país traficante de armas a nuestro país, ¡no es nuevo!, incluso, 60 de cada 100 armas son creadas por ellos, la gran mayoría son armas fantasmas, que a su vez obtienen de filipinos quienes se las fabrican, por lo menos cinco armas diarias por familia.

Un arma fantasma al no tener registro y sí un número falso, se puede relacionar con 15 delitos diferentes, es decir, una misma arma fantasma pasa por 15 personas. En el mercado estadounidense circulan aproximadamente 300 millones, de éstas, un 16%, 48 millones de armas están en México.

Texas, Arizona y California son los tres estados que concentran el 50 por ciento de la venta de armas a nuestro país, sin que olvidemos que otros países como Alemania, Bélgica, Italia y Brasil también nos las trafican o intercambian por drogas.

Lamentablemente el aseguramiento de armas por parte de los gobiernos anteriores es muy pobre: de 2006 a 2019 se aseguraron 222 mil 987 armas de fuego.

Del total de armas un 60 por ciento son armas largas: fusiles, carabinas, rifles y escopetas; un 40 por ciento son cortas: pistolas y revólveres y, en 2016, había un registro de 92 mil 541 delitos dolosos, el 70 por ciento hechos por arma de fuego. Tamaulipas, Michoacán y Guerrero los que concentran el mayor número de apresados por tráfico de armas en el país.

Organismos llaman a detener tráfico de armas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la disponibilidad de armas ilegales en México, alertando que “deja poco espacio entre los impulsos asesinos y las acciones que resultan en la muerte” La ONU ha pedido se combata el tráfico ilegal de armas, señalando que la década pasada más de 2 millones de armas provenientes de EE.UU entraron ilegalmente al país.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que al rededor de 30 mil niñas y niños cooperaban con criminales en diversas actividades; en 2018 la cifra aumentó a 460 mil menores reclutados por el narcotráfico en el país. La cifra, proporcionada por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, muestra un incremento de más de 150 por ciento y se suma, cómo se mencionó en “Especial Día del Niño”, al día están muriendo tres niños por la violencia en nuestro país: 285 menores perdieron la vida por agresiones criminales sólo en el registro del primer trimestre de 2019 en el actual gobierno.

En el país 1 de cada 3 mexicanos son niños y niñas que se han convertido en víctimas directas de homicidio con arma de fuego, siendo la principal causa de sus decesos, 8 de cada 10 son asesinados con armas, exhibiendo la falta de una estrategia de prevención y atención a la violencia contra niñas, niños y adolescentes

De acuerdo a la información de la CIDH, organizaciones criminales reclutan a niños a partir de los 10 y 11 años “para trabajar para traficantes, ya sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas (burreros), como para realizar asaltos, agresiones y secuestros”.
A cambio de dinero, ropa, alimento o medicinas.

Finalmente para REDIM, “ los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila,(…) dan muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes. El sistema educativo del país continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia.

Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a éstas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo.

Esta administración continúa con la misma fórmula, que ofrece los mismos resultados en la última década. 2019 es el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Desde el año 2000 al cierre del 2019 alcanza cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso”

Con información de Samatha Lara para Primera Voz