La trata de personas en México es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deja ganancias anuales a nivel mundial de aproximadamente 32 millones de dólares.

Este delito tiene cerca de 40 millones de personas víctimas de trata. Los datos son alarmantes, de esta cifra el 80 por ciento de las víctimas de trata en América Central y El Caribe son mujeres, más de la mitad niñas, que representan el 55 por ciento de víctimas documentadas y las adultas representan el 25 por ciento, según la propia Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU.

Aunque haya más mujeres víctimas, también se ejerce sobre niños y hombres que forman parte de la degradación del valor humano, por parte de quienes los compran como mercancías, lo que también es un delito en nuestro país.

Aunque existen diversos programas nacionales e internacionales que formalizaron la lucha contra la trata de personas, poco se hace para erradicarlo. Las víctimas son orilladas a permanecer enclavadas en escenarios inhumanos con amenazas, uso de la fuerza, con raptos, fraude, engaños, abuso de poder o abuso de situación vulnerable, con el fin de ejercer control sobre el otro.

La trata es dolorosamente la madre de otros delitos con fines de lucro: la prostitución, la esclavitud sexual y otras modalidades de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas analógicas a la misma, la servidumbre así como la extracción de órganos son formas consideradas por la ONU como de explotación en la trata de personas.

Aunque desde el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas firmó la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, por lo menos en nuestro país, cada año, al rededor de 20 mil menores y cerca de 108 mil mujeres son víctimas de explotación sexual.

En la República Mexicana tienen mayor incidencia 21 estados, el 45 por ciento son niñas indígenas y cerca del 75 por ciento de los casos son niñas, adolescentes y jóvenes.

Aunque a nivel mundial se considere como el tercer negocio ilícito más lucrativo, sólo por debajo del tráfico de armas y de drogas, nuestro país es considerado país de origen, tránsito y destino de víctimas, ocupando el quinto lugar en América Latina, donde los foros de sensibilización y programas han sido insuficiente ante el panorama que autoridades de procuración de justicia difundieron en octubre de 2018, donde el 89 por ciento de los casos son con fines de explotación sexual, siendo la modalidad más visible del país.

La prostitución forzada, ejercida en la calle, casas de masajes, a domicilio, servicios de scorts, pornografía adulta e infantil, el abuso sexual de menores, el turismo sexual y lenocinio son delitos que engloban a la sociedad mexicana con participantes directos e indirectos como compradores de víctimas, como si fuesen solo consumidores de un producto.

Donde en la práctica el Protocolo de Palermo -que es un instrumento internacional contra la trata de personas, ratificado en México desde 2003 con el fin de reprimir y sancionar este delito- no ha alcanzado a ejercerse para una represión total del mismo. Miles de víctimas son sometidas a esclavitud en estados como: Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas, Colima, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca como los estados con mayor incidencia de trata de personas.

¿Las ganancias son tan lucrativas?

Las ganancias son tan lucrativas que sólo en 2014 se estimó que este delito generó 36 mil millones de dólares. La comercialización de personas a nivel internacional viola los derechos humanos, además de ser un delito tipificado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas donde se establece: “que comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”.

Combatir la trata se agudiza, si los seis refugios que existen en el país para los 32 estados penden de la buena fe y ética de quien los dirige.

Habría que preguntarle a Rosi Orozco -que recibió contratos desde Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto– qué uso le dio al apoyo político y si la cifra de por lo menos 11 millones 534 mil pesos de cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones no han tenido lucro, y por supuesto sobre lo que recibió entre 2015 y 2017 de los contratos por casi 14 millones de adjudicación directa y los casi 17 millones de pesos de donaciones nacionales e internacionales, sí cumplieron con las auditorías que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) a las Asociaciones Civiles sobre el uso del dinero que entran a las AC, o será que, ¿en la red de corrupción esta involucrada la SHCP? o simplemente falta poner una verdadera regulación a las acciones que las AC tienen al uso de recursos y que sea una figura con incidencia jurídica y no de revisión como sucede en el país con la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), que sólo tiene facultad de emitir recomendaciones, o bien, depender del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que imponga implicaciones fiscales ante posibles malos usos de recursos, en los estados financieros.

¿Quién nos dirá cuántos recursos dejaron de llegar o ser destinados a las víctimas de trata de personas de las asociaciones que están a cargo de Rosi Orozco y su esposo Alejandro Orozco Rubio, “Unidos Contra la Trata” y “Camino a Casa”, que triangularon recursos por más de 31 millones de pesos desde el gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo a los reportes de la SHCP?

Algo es seguro, México tiene a personajes que están en redes ilícitas de trata de personas como Nxivm y probable red de corrupción donde se señala está relacionada la defensora activista Rosa María de la Garza Ramírez, “Rosi Orozco”.

Esperemos que los 20 millones de pesos que vale el departamento que se le decomisó a Rosi -y todo lo que se le adjudique- se le devuelva a las víctimas, ya que son parte del pueblo.

Con información de Samatha Lara para Primera Voz