El coordinador de Morena en el Senado de la RepúblicaRicardo Monreal Ávila, señaló que  “no aparece” una bolsa de 50 millones de pesos de donativos de legisladores, bancadas de la Cámara alta y como ciudadanos, que se ofreció integrar en apoyo de los damnificados por los sismos de 2017.

“Al menos hace un año creo que el Senado se había comprometido con la aportación de 50 millones de pesos. Hasta ahora no lo sé”, expresó durante el macrosimulacro.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República se manifestó por la rendición de cuentas de los recursos donados.

“Es parte de lo que tenemos que exigir, rendición de cuentas y transparencia, porque no aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores, partidos políticos”, refirió.

Monreal Ávila dio a conocer que la documentación recibida en el proceso de entrega-recepción de la actual Legislatura no se incluyó información referente a la bolsa de 50 millones para los damnificados.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas, como el Senado de la República”, señaló.

El ex delegado en Cuauhtémoc lamentó que a un año del sismo no exista solución para miles de afectados que “indebidamente no han recibido los recursos; incluso nos han pedido información también de la aportación del Senado”.

“Ahorita lo importante es expresar nuestra solidaridad, que ya lo hicimos en el grupo parlamentario con las víctimas del 19 de septiembre, hace un año que pasó esta tragedia y aún no se logra, ni se va a lograr nunca una tranquilidad para todos aquellos que perdieron a su familia, su casa, su patrimonio”, aseguró.

Por su parte el presidente de la Cámara alta, Martí Batres, confirmó que el dinero donado está desaparecido: “No lo tenemos, en todo caso puede formar parte de la información global, pero no tenemos una información específica sobre ello”.

El morenista se pronunció por reformar la Ley General de Protección Civil para que obligar a todas las entidades del país y sus municipios a contar con protocolos y una legislación propia en materia de construcción y así evitar tragedias por desastres naturales.

 

Con información de Primera Voz y La Razón