El Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria, llevado a cabo por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto, Federalismo y la Asociación de Congresos Locales, abrió una inédita etapa en la que los legisladores federales y locales por primera vez se reúnen para analizar y discutir propuestas de cara a la discusión de la LI y PPEF. 

El propósito sin duda es loable; reordenar el gasto con el fin de garantizar el desarrollo y el bienestar social. Las mesas de discusión del Gasto Federalizado, Gasto Público y Política de Austeridad, Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como Gasto en Desarrollo Social, nos anuncian algunas aproximaciones en materia presupuestal.

Posiblemente la más importante es la urgente necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal con el objetivo de que existan reglas claras en la asignación de recursos, aunque, una opción viable y que se puede explorar, es la creación de una nueva Ley de Gasto Federalizado, a fin de evitar la dispersión que existe entre la citada Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

No es un secreto que es inaplazable una mejor recaudación, aumentando las facultades y obligaciones tributarias en los estados y municipios, así como la transparencia de fideicomisos y el famoso ramo 23, además de revisar las asignaciones de gasto y programas regionales.

En cuanto a la Política de Austeridad, en materia de desarrollo social, los ciudadanos esperamos que se termine por respetar los principios de eficiencia y eficacia, reactivando la inversión e implementando una política que priorice la calidad del gasto, para lo cual se deben eliminar y fusionar programas sociales.

En mi entrega anterior me referí justamente a eso y a la inaplazable tarea de constituir el Padrón Único de Beneficiarios de programas sociales, así como a los procesos de monitoreo que, entre otras cosas, nos regrese la confianza y certidumbre de que su utilización se encamina al desarrollo de la sociedad, sin duplicidades o fines electorales.

Consecuentemente los Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y otra de las preocupaciones que se presentaron es este foro, misma que comparto, es la relacionada con la creación de una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas que establezca una mayor coordinación entre las instituciones fiscalizadores y los entes públicos y privados, para contar con información veraz y oportuna que permita establecer medidas de carácter vinculatorio con el sistema de procuración de justicia. 

Veremos pues, hasta donde se hace diferencia y se acaba el dispendio y el derroche de recursos, es cierto que este Foro es un rescatable esfuerzo, pero aún nos falta conocer esa nueva etapa en la que los gobernadores no actúen con opacidad, el congreso federal y los congresos locales asuman su autonomía, se vigile el ejercicio del gasto y se ejecute de manera responsable y eficiente.

 

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz