A propósito de las intensas discusiones y debates sobre los importes señalados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, enviado al Congreso General hace unos días, hay varios temas y sectores en que los montos proyectados han causado asombro, molestia, indignación y reclamo social.

El tema de los Derechos Humanos, no queda exento de esta discusión, puesto que, como cada año, surgen preguntas tan elementales como fundamentales en el debate especialmente económico.

México cuenta con un sistema de protección de derechos humanos, no jurisdiccional, integrado por los 32 organismos especializados de carácter estatal y uno federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El trabajo de estos organismos ampliamente conocido, no requiere de mayor explicación, pero diremos que su tarea vertebral trata la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en el momento en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realiza una revisión y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, presentado por el titular del Poder Ejecutivo como lo marca la Constitución General de la República y, en el que el tema del costo beneficio de la función de estos organismos protectores de derechos humanos, debe ser sometido a un riguroso examen de funcionalidad, operatividad y resultados.

La eficacia funcional y operativa, se refleja en los pocos alentadores resultados obtenidos en un periodo anual de actividades de los organismos estatales de derechos humanos, muy diferentes en comparación con los obtenidos por la CNDH. Sin embargo, eso atiende en buena medida a la proporción de recursos con que cuentan los estatales con respecto a la CNDH, cuyo margen es exponencialmente mayor.

Solo a manera de ejemplo, mientras que para 2018 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, contó con cerca de 62 millones de pesos para su operación, la CNDH tuvo una asignación presupuestal de más de 2 mil millones de pesos en el mismo año.

Con justicia diríamos que históricamente la CNDH ha afrontado -al amparo de la Ley- gran parte de los asuntos que tienen que ver con presuntas violaciones a derechos humanos y que son originariamente competencia de los organismos estatales. Pero esa, es otra historia.

Lo que llama la atención ahora es el tema de pesos y centavos, el tema presupuestario que, como cada año, siempre parecen insuficientes los recursos económicos para atender la grave crisis de inseguridad, impunidad, desigualdad y violencia que nos aquejan, y que dan como resultado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Diríamos entonces, que los derechos humanos son la piedra angular para el desarrollo de la sociedad que, en el contexto universal de los Derechos Humanos, su respeto es indispensable para el desarrollo sostenible.

De tal suerte que, sin los recursos suficientes para su salvaguarda y atención, los derechos humanos pasan a ser un mero catálogo de buenas intenciones en torno al ideal de vida de las personas en su ámbito individual y colectivo.

La protección y defensa de los derechos humanos es un tema sensible y prioritario en las actividades del Estado, sin embargo, la asignación cada vez mayor de recursos públicos, puede generar los mismos efectos nocivos que incentivan la generación o reforzamiento de la alta burocracia en esta materia, como sucedió precisamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su sistema de sueldos, percepciones y prestaciones, para ministros, consejeros, magistrados y jueces, que rayan en el ejercicio abusivo de recursos públicos.

La CNDH, como dijimos, no es ajena a todas estas situaciones y medidas de racionalidad en el gasto público, por lo que la eficacia y calidad de sus funciones debe ser el factor clave en la asignación de recursos públicos. No se trata pues, de voluntades personales o aisladas que propongan la reducción del presupuesto del organismo en un ínfimo porcentaje de -3% como ahora sucede. Esto es, mientras que -como ya lo señalamos- en 2018 tuvo un presupuesto asignado de poco más de 2 mil millones de pesos, para este 2019 se sugiere una cantidad arriba de 1,970 millones de pesos.

Aquí una gráfica (de elaboración propia):

Parece urgente y necesaria una revisión -por los legisladores- a la estructura orgánica del organismo, que atienda más a su dinámica funcional y operativa, así como a la eficacia y calidad de su labor. Una revisión que alcance objetivamente la evaluación de áreas o unidades administrativas y especiales -que en muchos casos duplican funciones- y cuyos niveles de sueldos y prestaciones resultan excesivos y desproporcionados, principalmente en la escala jerárquica superior.

Hacer más con menos -como señala el Presidente López Obrador-, implicaría en el caso de la CNDH, quizá menos jefes y más visitadores adjuntos que, en términos de la Ley de la CNDH, son los que llevan la carga directa de responsabilidades en la atención e investigación de violaciones a derechos humanos. Una demanda -por cierto- permanente de la sociedad, más presencia y eficacia con calidad en la labor del Organismo.

 

* Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con información para Primera Voz