Jueces federales adscritos a los estados de Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están bajo investigación.

En las pesquisas participan distintas áreas de inteligencia del gobierno federal, entre ellas las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal. También colaboran agencias del gobierno de Estados Unidos.

El expediente se abrió luego de detectar casos en los que juzgadores ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que podrían ser resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.

Congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen conocimiento de las indagatorias. Del mismo modo, personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa el desempeño de jueces y magistrados de los estados mencionados.

En torno a los casos de corrupción de jueces y magistrados, denunciados o señalados en meses recientes tanto por el jefe del Ejecutivo federal como por el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, comentó que se han iniciado un gran número de investigaciones y procesos de disciplina, particularmente en Jalisco, que es uno de los estados en donde se reportan problemas de diversa índole.

Integrantes del PJF señalaron que desde hace al menos ocho años se ha procedido en contra de aquellos funcionarios que han incurrido en actuaciones indebidas, y mencionaron que hay “tres rubros en los que se ubican los casos de corrupción: delincuencia organizada, autos chocolates y casinos”.

Cuando se le preguntó sobre la gravedad de la situación del tema de corrupción, Zaldívar dijo: “Hemos observado –yo lo sabía antes de llegar a la Corte– que sí hay en el Poder Judicial un problema de corrupción. No es generalizado”.

Trascendió también que en el contexto de estas investigaciones se puso en alerta el sistema financiero nacional con el fin de detectar cualquier operación irregular que involucre a jueces y magistrados. Fuentes federales señalaron que una de las principales investigaciones gira en torno al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez –a quien se atribuye la adquisición de inmuebles por más de 18 millones de pesos entre 2010 y 2016–, por haber ordenado en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, apodado Juan Pistolas, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó ayer que a un magistrado federal se le aseguraron cuentas por 50 millones de pesos, y aunque no lo identificó por su nombre, todo hace suponer que se trata de Avelar Gutiérrez, al mencionar que estaba adscrito en Jalisco.

Sin embargo, el expediente de Juan Pistolas no fue el único de este tipo. Hay otros en los que el mismo magistrado dictaminó la libertad de los acusados que supuestamente pertenecen a este cártel cuando estuvo al frente del sexto tribunal unitario del tercer circuito con sede en Jalisco y atendió al menos diez casos de detenidos vinculados al CJNG, todos resueltos en su favor. En abril pasado lo transfirieron a un tribunal con sede en Chilpancingo, Guerrero, y se le inició un procedimiento administrativo.

En su carrera como integrante del PJF, Avelar Gutiérrez había atendido además casos de Rafael Caro Quintero y Rogelio González Pizaña, este último considerado en 1999 uno de los hombres más importantes en la estructurara del cártel del Golfo cuando el líder era Osiel Cárdenas Guillén.

La investigación a jueces y magistrados abarca a otros integrantes del PJF, pero el de Avelar Gutiérrez es el caso más claro.

 

Con información de Primera Voz