La participación democrática de la sociedad no se limita al voto el día de la elección, no termina con ese resultado, en un sistema electoral que debe continuar perfeccionándose, cobra relevancia la vigilancia permanente del desempeño del trabajo que deben realizar quienes obtuvieron un cargo público por esta vía y de quienes pretenden seguir en la competencia.

En ese orden de ideas, el respeto a las disposiciones jurídicas y sus requisitos, es parte fundamental de la evaluación que el ciudadano está llevando acabo; sostener el bono de confianza de los gobiernos depende de diversos factores, entre ellos el apego a la ley, misma que no es ajena a todos los actores políticos, aunque no puedo soslayar que la oferta en este rubro, antes y después de las elecciones sigue siendo magra y desarticulada.

Escuchamos a una supuesta oposición sin creatividad, lejos de ser un contrapeso serio, con expresiones francamente medianas, parecería que no saben cómo asumir ese papel, y por otro lado la evasión de la responsabilidad, acusando Fake news, y aquellos que acusan de falta de estrategia, miren que tienen valor al decirlo sin ser autocríticos.

No todo es malo ni bueno, sin embargo, en lo que debemos ser irreductibles es en la exigencia de respuestas concretas, trabajo y eficiencia, estar al pendiente de la separación de poderes, de la autonomía de las instituciones, del respeto a los derechos fundamentales.

Cada quien puede apreciar las cosas de distinto modo y habrá quienes se radicalicen y observen el Apocalipsis que viene o el que se va, y quienes piensen que la solución es peor que el problema o a la inversa, lo cierto es que las causas que derivaron en el repudio a otros gobiernos es la desigualdad y exclusión que viven amplios sectores de la población, para los cuales resulta popular la Ley Federal de remuneraciones, la Guardia Nacional, burócratas despedidos, la cancelación del aeropuerto, entre otros temas que sin duda también requieren de mayor explicación.

Los propios organismos autónomos (Comisión Federal de Competencia Económica y Banco de México) que han interpuesto sendas controversias constitucionales por la Ley Federal de remuneraciones, plantean que no existen parámetros que expliquen la reducción de los ingresos para que los profesionistas expertos en estas materias sean agraviados.

Así es, no todo es blanco o negro y no todo es plausible o motivo de confrontación, de hecho, en este caso en particular no lo es. Se trata de una deficiencia en la reforma que requiere explicación. Tal y como señale en artículos anteriores:

La Austeridad Republicana postulada como el principio para acabar los gastos superfluos del gobierno, entraña no solo la exigencia de los contribuyentes sobre la rendición de cuentas, también debe acompañarse del compromiso por profesionalizar el servicio público y garantizar un desempeño gubernamental eficiente.

El recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza, son medidas que por sí mismas no aseguran la calidad del servicio público, para ello se requiere un sistema efectivo de profesionalización, pues la gestión de los recursos humanos del gobierno no se reduce únicamente a la nómina.

Consecuentemente la controversia se debe a la falta de explicaciones y definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos. Estos órganos constitucionales autónomos con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional están en su derecho de preguntar y requerir que se aclaren los parámetros y partidas que deberían tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del salario del titular del Ejecutivo, del cual parten todas las demás remuneraciones hacia abajo, con el objetivo de que dicha remuneración no sea una decisión política o discrecional. Tiene mérito y considero importante la participación de estos sectores, que sirven de impulso a los demás.

Esto dará certidumbre a los procesos de reclutamiento y permanencia de personal, a la capacidad del gobierno de atraer, retener y especializar a su capital humano o bien optar como en el pasado por repartir los puestos públicos a los amigos, impidiendo la participación, la igualdad de condiciones para individuos preparados, capaces e íntegros, dispuestos a ofrecer el mejor desempeño de su labor a favor de la sociedad. Nuestra incipiente democracia requiere mayor participación, necesitamos exigir más de todos.

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz