El consumo de productos apócrifos en México es elevado por qué existen cientos de locales y puestos de ambulantes, que permiten la compra de una amplia diversidad de productos; aunado a los gobernantes, que en campañas políticas electorales pactan con representantes de tianguis en las colonias populares, para mantener fijos sus puestos. Casi 35 millones de mexicanos consumen películas pirata al año, de acuerdo con un informe del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El 97% de los DVDs y discos Blu Ray que se venden en el país son copias apócrifas y seis de cada 10 películas que se ven en formato digital son de sitios ilegales, según ese estudio.

A espaldas del Palacio nacional, las personas aprovechan para comprar un mar de imitaciones, como bolsas de piel a 50 pesos, lentes de sol con el estampado de Ray Ban a 50 pesos, juguetes, entre los preferidos, la imitación de Lego a 50 pesos, sudaderas, maquillaje, zapatos, libretas, accesorios para el teléfono, perfumes y más productos. Todo a una fracción del precio de los productos originales, hasta 20 veces más barato.
Las calles del Centro de la capital concentran gran parte de este comercio de mercancía ilegal; la calle de Moneda está repleta de vendedores.

El cuadro que concentra Tepito, en la colonia Morelos tiene los corredores fijos más grandes de tianguistas, donde se ofertan todo tipo de mercancías, pero lo que más se comercializa es la venta de ropa y calzado, seguido de películas y cosméticos.
Otro de los rincones en la Ciudad es el tianguis conocido como ‘San Felipe’, pero en realidad el comercio en sobreruedas existe prácticamente en cualquier ciudad del país y dentro de las colonias populares, que incluso llegan a tener días específicos para vender.
La realidad es que México tiene un índice de pobreza elevado, existen 35 millones de pobres, con 30 millones de mexicanos que se emplean en la informalidad y con los salarios más bajos de la OCDE.

Ocho de cada diez mexicanos consumen piratería, de acuerdo con datos oficiales. Y se sienten con el derecho de hacerlo. Un 85% argumenta que les permite comprar productos a los que no tienen acceso, tres de cada cuatro consideran que todo el mundo lo hace, dos tercios opinan que impide que las grandes corporaciones se enriquezcan y seis de cada diez reconocen que es ilegal, pero no creen que sea grave, según el estudio anual de la Cámara Americana de Comercio y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

La derrama se calcula más de 20.000 millones de pesos, según el ITAM. Si se considera la sangría en la recaudación de impuestos, los frenos al crecimiento económico y las afectaciones a la propiedad intelectual e industrial, esa cifra asciende a 43.000 millones de pesos, según CIDAC. Los cálculos publicados por las empresas, hablan de un billón de pesos (50.000 millones de dólares) en pérdidas para el sector privado.

Los costos por ‘accidentes’ no están contabilizados, y es que muchos de estos productos suelen presentar fallas, por ejemplo los incendios por luces navideñas, autopartes que pueden generar una falla mecánica, el consumo de cosméticos que generan enfermedades en la piel, o infecciones en los ojos, y el consumo de productos de higiene personal caducos o de medicinas piratas.

Intentar detener este comercio se frena con las lagunas en la ley, las conductas criminales no están bien definidas, las investigaciones son deficientes y el interés del Gobierno en afrontar la crisis ha caído sistemáticamente desde el Gobierno de Vicente Fox.

La Procuraduría General de la República (PGR), destinó en 2018 poco más de 32 millones de pesos a su unidad especializada contra la piratería. Es apenas el 0,2 por ciento de su presupuesto y, a la vez, el porcentaje más alto que se le asignó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Casi todo, nueve de cada diez pesos, se fue a pago de salarios y prestaciones de sus funcionarios. La PGR inició entre septiembre de 2017 y junio del 2018, 319 carpetas de investigación y se ha incautado más de 429.000 objetos, pero solo pudo llevar a juicio a cinco personas, de acuerdo con su informe de labores.

Hasta octubre del año pasado hubo 1606 denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial y si se sigue con la tendencia de los últimos años, menos del 1% terminarán en una sentencia.

Con información de Primera Voz