Abandonar, maltratar y humillar a una persona en situación de vulnerabilidad es un acto cruel, que se ha vuelto una práctica discriminativa constante. En México prevalece la cultura del edadismo, donde se discrimina con actitudes negativas acerca del envejecimiento y de estereotipos sobre los adultos mayores, -se les ve como una carga-, la discriminación la vemos, también, en medios masivos de comunicación, presentan a los ancianos como personas frágiles, dependientes y alejadas de la realidad.

No poder valerse por sí mismos, como consecuencia de la edad (y las políticas discriminatorias en las limitaciones de servicios de salud), les hace padecer enfermedades crónico degenerativas que los incapacitan; la pérdida auditiva, perdida de vista, incontinencia urinaria, reumatismos y dolores óseos les imposibilitan su andar, volviéndolos dependientes de sus familias, a las que por hartazgo, desinterés o falta de lazos familiares ven un gasto y molestia.

Es importante concienciar sobre los problemas de abuso, maltrato y abandono de personas de la tercera edad a familiares que desconocen que, -aunque ciertamente ha sido poco castigado-, es un delito, y que los adultos mayores tienen los mismos derechos que se reconocen en la Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que se deriven de ella, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la Ciudad de México (Cdmx), la Asamblea Legislativa reformó distintas leyes que protegen a las personas vulnerables tanto a adultos mayores como discapacitados, y las sanciones son para quienes abandonen, maltraten, exploten o discriminen a los adultos mayores o personas con discapacidad, penas que van de tres meses a tres años de prisión.

Hay que tener en cuenta que muchos seremos ancianos en algún momento, – y que la esperanza de vida va en aumento, dentro de tres décadas será un promedio de 86 años sin que la calidad de vida mejore-, si no cambiamos nuestras formas, pensamientos y cultura, nuestro panorama será peor, ya que el país comienza a vivir una etapa de envejecimiento, sin una cultura de la vejez y de síndromes geriátricos.

Al día 850 personas cumplen 60 años y actualmente en el país existen aproximadamente 12 millones, – de los 141 millones de adultos mayores que hay en el mundo-, tres de cada cinco sufren algún tipo de violencia dentro de sus núcleos familiares: ataques psicológicos (siendo el más generalizado con insultos y humillaciones), golpes, abuso sexual, (situación que padecen más las mujeres, por ser más longevas), aunado al robo de bienes. Esto sin contemplar a los ancianos que son abandonados por sus familiares en asilos, privándolos en la mayoría de los casos del amor y atenciones que necesitan.

De esta población, se estima que el 47 por ciento vive en pobreza, y entre 20 y 30% vive en violencia física, psicológica, económica o abandono. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada seis ancianos sufre de abusos. El panorama es duro, cerca de 205 personas no vuelven a sus hogares y más de diez son abandonados en hospitales, y al paso de los años, esta situación empeorará por falta de denuncia.

Denunciar actos de abuso es válido en la Cdmx, ya que, “la familia tiene la obligación de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de la persona adulta mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos”[1], asentó la Asamblea Legislativa.

Por lo que ser espectador u omiso de estas acciones sobre las personas adultas mayores podría ser también un delito. La reforma de los artículos 156 y 158 del Código Penal, versa sobre las sanciones para castigar el abandono de adultos mayores o personas con discapacidad, y se aplica solo a quienes tienen la obligación de cuidarlos, es decir si el activo es ascendiente o tutor del adulto mayor, se le privará de la patria potestad o de la tutela, aunado a la sanción privativa de libertad.

La OMS estima que si las cifras de abusos se mantienen en aumento, el número de personas afectadas se incrementará llegando hasta las 320 millones de víctimas.

El panorama institucional

El envejecimiento requiere no sólo atender aspectos sociales y psicológicos, requiere atender las políticas institucionales de salud que discriminan al restringir los recursos sanitarios a los que se puede tener acceso.

Se considera que un adulto mayor acude cuatro veces más a consulta que otros sectores de la población, lo que representa siete veces un costo mayor, porque la mayoría de padecimientos son crónicos o de enfermedades discapacitantes, lo que se agudiza por el insuficiente número de trabajadores con orientación del manejo del adulto mayor, aunado a los modelos de salud y asistencia, obsoletos desde hace 40 años.

El gobierno ha invertido en la creación de organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o el Instituto Nacional de Geriatría, o bien los de asistencia del DIF; sin embargo, son insuficientes ante la obligación de éste de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Además del Código de Procesos, existen documentos que protegen a las personas mayores como la Ley de las Personas Mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos, la Constitución de la Ciudad de México, el Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación (Pronaind 2014-2018), y el Plan sobre Envejecimiento y Salud, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2016.

Estos documentos tienen en común el objetivo de garantizar a las personas adultas mayores el derecho a una vida de calidad, sin violencia y sin discriminación, a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, el derecho a la salud, alimentación y familia; a la educación, a la asistencia social, así como la promoción, protección y aseguramiento del reconocimiento al pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

Por su parte la Constitución de la Cdmx, establece que las personas mayores tienen los derechos que comprenden, entre otros, a una ciudad accesible y segura, a servicios especializados de salud y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la Ley, que a colación, sólo 2.9 millones de adultos mayores tienen una precaria pensión, es decir un 24.17%.

Su entorno y condicionantes les impiden tener acceso a la justicia, aunado al desconocimiento de sus derechos, se ven imposibilitados a ejercerlos o denunciar abusos, y es que de acuerdo a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda persona mayor que considere vulnerados sus derechos puede acudir a esa instancia, cómo, no se sabe, pero la consigna está abierta.

La mayoría vive en pobreza y abandono

Los albergues del gobierno en el país enfrentan un grave deterioro por casi tres décadas de falta de mantenimiento, estos centros albergan a muchos adultos mayores, enfermos mentales, discapacitados y con adicciones; sin embargo, para sobrevivir, la mayoría busca generar ingresos en trabajos informales, porque es escaso el empleo que se oferta para ellos, ya que los empleos tienen estándares de estereotipo de edad.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2018 el porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) de 60 años o más es el equivalente a 5 millones 120 mil 459 personas, que se encuentran ocupadas, lo que representa un 98.9%; el 1.1% faltante, son personas de edad que buscan trabajo; en contraste, el CONEVAL asegura que cuatro de cada 10 adultos mayores vive en pobreza.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) argumenta que la mayor parte de las actividades que generan ingreso de las personas de edad son las que provienen del trabajo por cuenta propia, es decir un 49.6% laboran así, -mismos que representan el menor nivel educativo con primaria incompleta-, el 21.3% de esta población, se dedica a actividades elementales y de apoyo; el 20.8% son trabajadores agropecuarios y el 15.2 % son comerciantes, empleados y agentes de ventas. Pocos son los que se dedican a actividades administrativas el 2.7%.

Rechacemos cualquier forma de maltrato y ayudémoslos a ejercer sus derechos con dignidad. Tal vez si iniciamos ahora en apoyar a los adultos mayores y a cuidar sus derechos, cuando nosotros seamos ancianos nos toque un mejor ambiente.

[1] “Entra en vigor pena de cárcel por abandono de adultos mayores y personas con discapacidad en la CDMX” www.aldf.gob.mx

 

Con información de Samantha Lara para Primera Voz