Hablar de política es hablar de todos los componentes del Estado, de las relaciones entre las personas e instituciones, de sus objetivos y de sus metas, de las problemáticas públicas y sus soluciones, entre muchos otros temas que transitan en el discurso de políticos. Podemos decir, la política se encuentra construida con base en una cierta y determinada ideología, producto de la formación y experiencia de los políticos.

Unas breves reflexiones en torno a la política, sin duda, merecería un debate que ha llevado siglos tratar de entender desde la filosofía y el derecho, por ello, ahora solo reflexionamos sobre una de sus dimensiones, la dimensión educativa de la política, a propósito de la nueva forma de gobernar y hacer política.

En efecto, el estudio de la dimensión educativa de la política, debe entenderse desde un contexto democrático, es decir, como producto de las discusiones de los ciudadanos en que se expresan verdades individuales y colectivas, que dan forma a expresiones de inconformidad, rechazo o aceptación a medidas específicas de gobierno para resolver determinadas problemáticas públicas.

Las expresiones de inconformidad, en un contexto democrático, se asumen pensando que las medidas adoptadas para atender y solucionar una problemática pública, serán siempre buscando el bien común. Sin embargo, eso no quiere decir que se trate de soluciones que, por ser adoptadas en una mayoría, sean las más idóneas, propicias o atinadas, puesto que aún en los regímenes democráticos gobernados por mayorías -como actualmente en México-, esas soluciones o acciones de política pública pueden ser inadecuadas o erradas.

Lo interesante es tener claro que el discurso político en su dimensión educativa, debe obedecer, fundamentalmente, a dos aspectos: 1. Al conocimiento y estudio de realidades sociales e individuales de las personas, en su contexto presente y, 2. Entender que todas las acciones de política pública derivadas de las discusiones ciudadanas -sobre el tema educativo- son perfectibles, por tanto, predeterminadas a una constante revisión, reconsideración y a los ajustes que sean necesarios para lograr un interés supremo: el bien común.

El discurso político debe estar ligado invariablemente a la evolución del debate ciudadano en torno al tema -en este caso el educativo- y, la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos del Gobierno Federal y del Poder Legislativo, especialmente al constituirse como receptores oficiales del sentir social, y creadores de las políticas públicas y legislación necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación, reconocido como un derecho humano en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la dimensión educativa de la política, no es exclusiva de los políticos o gobernantes, la participación de la ciudadanía es obligada, lo contrario es aspirar a continuar con una idea falaz de que el presidente de la República, representante del Estado mexicano, no se equivoca y, por tanto, es dueño de la verdad absoluta, lo cual sin duda en pleno siglo XXI, no puede ni debe aceptarse.

En este sentido, habrá que tener muy claro que aún con los más altos niveles de aceptación de que goza actualmente el presidente López Obrador, la presumible y aparente omnipotencia de sus estrategias o propuestas de solución a las problemáticas públicas educativas, deben ser materia de reconsideración constante y permanente.

Lo anterior será a través de mecanismos de participación ciudadana que revisen y valoren su eficacia, pertinencia y actualidad, y no como se realizaba durante -al menos- las últimas tres décadas, en que los gobiernos de entonces se arrogaron un amor y cuidado por la percepción de los mercados y la economía global para, sobre eso, determinar estrategias o políticas públicas que, a la postre, resultaron insuficientes, ineficaces y fallidas para el interés general.

 

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.