En las pocas semanas que lleva en funciones la nueva administración encontramos mucho ímpetu y ganas por dar inicio a las propuestas de campaña, así como por llevar a cabo el reordenamiento de la administración pública, lo que ha venido acompañado de opiniones a favor y en contra como la disminución de los exorbitantes sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los recientes despidos en diversas oficinas locales del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Es pertinente comentar que el efecto en el reordenamiento de la administración pública por despido, renuncia o separación del puesto siempre viene de la mano con el cambio de gobierno, puesto que como en artículos pasados mencione el servicio público de carrera no garantiza mantenerse en el puesto por más preparado que sea el personal y que el factor político influye en la designación de los puestos.

Es preocupante pensar que algunos actores desconocidos a la luz pública están llevando a cabo en cada oficina estos reordenamientos, ya que no obstante de las reformas que se plantean llevar a cabo, estas deben planearse con cuidado a fin de no afectar el servicio en atención a la ciudadanía como es el caso del SAT, el cual desde antes que culminará la administración de Enrique Peña Nieto cambio su sistema por “innovación” o mejora, y que hasta la fecha sigue presentando infinidad de fallos que el mismo SAT no ha podido resolver.

Es un hecho que los movimientos de personal seguirán presentándose y se ha dejado ver que posiblemente algunas oficinas que se consideran tienen duplicidad de funciones también desaparecerán y no será posible integrar a todo su personal en alguna otra dependencia, considero que el punto importante que debe empezar a promover el gobierno es facilitar las condiciones para reactivar la economía mediante de estímulos fiscales, reducción en la tasa del ISR para dejarlo en un 20% y el IVA en un 10%, entre otras estrategias.

Por citar una de las reformas realizadas, esta el aumento del salario mínimo, el cual no termina por arreglar la desventajosa economía y poder adquisitivo del mexicano, ya que gran parte de la población trabaja en la economía informal y que de acuerdo con cifras del INEGI al menos el 56.6% de la fuerza laboral o que se encuentran ocupadas se desempeña en este sector, por lo que seguirán sin contar con un seguro médico y un ahorro para su vejez, además, hay que esperar el efecto que tendrá este aumento en la determinación de la Unidad de Medida y Actualización para el pago de obligaciones como son los créditos hipotecarios del Fovissste e Infonavit, incrementando el saldo   en detrimento de la economía de aquellos que cuentan con este tipo de crédito.

El tema central es que el Gobierno Federal está haciendo una gran labor en recortar el gasto del gobierno, implementando medidas de austeridad y eso es bueno, pero no está dando esos pasos necesarios para que la toda ciudadanía empiece a notar un cambio de rumbo en la economía familiar, y en el ánimo por llevar a cabo de manera exprés las reformas se pueden estar cometiendo errores y atropellos a los derechos laborales; como dice la frase “no por tanto madrugar amanece más temprano”, por lo que para concluir con este artículo se advierte de la necesidad de que se establezca un programa de trabajo bien instrumentado con tiempos y costos para materializar las políticas públicas que necesita el país, pero no nos precipitemos para que una idea bien conceptualizada sea mal implementada.

 

Con información del L.C. Cesar Alfonso Espinosa Palafox para Primera Voz