A propósito de los lamentables hechos el pasado viernes 18 de enero, en Tlahuelilpan, Hidalgo, en que estallara un ducto de PEMEX después de haber sido perforado para una toma clandestina de gasolina en el tramo Tuxpan-Tula.

Las graves consecuencias de la tragedia dan cuenta de, al menos, 96 personas fallecidas y más de 48 lesionados por quemaduras. No es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza, literalmente provocada por la mano del hombre -llamado en estos tiempos huachicolero-. Como sociedad nos encontramos parece en un abismo indeterminado de corrupción e impunidad, y donde los beneficiarios de este tipo de tragedias humanas, no solo son los huachicoleros, sino todos aquellos que lucran y sacan raja de la desdicha de las víctimas.

Lucrar con el dolor del prójimo, es uno de los actos más despreciables e irrazonables que pueden distinguir a las personas. Y es que lo que es la mala fortuna para algunos, para otros, representa un caudal de riqueza en todos los ámbitos, podríamos decir, en el ámbito económico, social y político.

Ante la tragedia, son incomprensibles reacciones tan irracionales y carentes de sentido humano de muchos que continúan anteponiendo intereses personales al interés general. Pretextos o excusas para explotar la tragedia hay tantas que, algunos se justifican o argumentan razones de un derecho a la información y al conocimiento de la verdad de los hechos para la sociedad, otros, atribuyendo con mezquina ligereza responsabilidades (tanto a particulares como a servidores públicos), especulando, repartiendo culpas y, algunos más, reclamando el exceso de tolerancia y omisión de autoridades en el cumplimiento de sus funciones, especialmente, en el terreno de la seguridad preventiva.

Lo cierto es que, el grado de descomposición social y carencia de valores en las personas se ha incrementado tanto, que parece ser producto de un padecimiento crónico degenerativo del cuerpo social, donde todos sus órganos trabajan a su propio pulmón y hacia direcciones distintas, jalando agua solo para su molino, buscando cubrir sus particulares intereses y necesidades, aun cuando eso implique la afectación de otro componente del ente social en su conjunto.

El reparto de culpas es tan solo un síntoma de esa carencia de valores, pero tan grave es repartir culpas -sin un trabajo de investigación previa, completa, objetiva, imparcial y responsable-, como contar con una justicia administrada, entendida como aquella producto de cálculos políticos de titulares de instituciones públicas encargadas de procurar lato sensu justicia para las víctimas.

El uso faccioso de instituciones protectoras de derechos humanos, que inician investigaciones temerarias o que, por otro lado, se mantienen al margen de la tragedia y en espera de instrucciones de carácter político para actuar, no hace más que probar la persistencia de cálculos políticos en las conductas de sus titulares. Nada que favorezca o abone al derecho fundamental a la justicia y al conocimiento de la verdad.

Buscar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, demanda comportamientos institucionales, apegados al cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, alejados de viejas prácticas del clientelismo político para mantener el poder. No se trata de concesiones morales o caprichosas de titulares de organismos públicos, requiere de un trabajo que privilegie la atención eficaz, honesta, transparente y sin dilaciones para las personas en general y, especialmente, para las personas en situación de víctimas.

La justicia administrada, en este caso, la entendemos como una patología de las estructuras del Estado, que tiene como propósito la obtención de beneficios particulares o especiales -generalmente de naturaleza política-; un tipo de corrupción al tratarse del ejercicio irregular o abusivo del servicio público, por acciones u omisiones, y en perjuicio de las víctimas, lo que parece le otorgaría un plus de gravedad.

El llamado que hizo el presidente López Obrador para que todas las instituciones públicas se integraran a las tareas de auxilio a la población por la tragedia en Hidalgo, parece haber mandado un mensaje de cambio en la forma de gobernar y, especialmente, en la forma de servir a la sociedad, esto es, apartado de esquemas tradicionales burocráticos o protocolarios, que solo dilatan y entorpecen la ayuda humanitaria. No importa el área de desempeño, lo que importa es afrontar la gravedad de la contingencia con transparencia, eficacia y oportunidad, sin consideraciones que tengan perversos criterios para otorgar a las víctimas y, a la sociedad en general, una justicia administrada.

 

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.