Emilio Zebadúa González, quien fuera oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando las encabezó Rosario Robles Berlanga, fue el principal responsable en el operativo de suscribir los convenios irregulares que causaron daños al erario federal por más de cinco mil millones de pesos.

Así consta en el Auto de Vinculación a Proceso que se dictó contra Robles Berlanga por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, donde se menciona que la exfuncionaria incurrió en la omisión de sus responsabilidades: “María del Rosario sabía que al no dar aviso o no evitar la suscripción de convenios en las mismas condiciones, continuaría un daño al patrimonio de las dependencias a las que representó.”

El documento explica uno a uno los argumentos por los que el juez decidió que hay indicios de prueba suficientes como para sujetar a proceso a la extitular de la Sedesol y Sedatu; en las páginas 12 y 13 señala que Robles Berlanga “no evitó que las personas a su cargo hayan cesado en sus conductas; al contrario, tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; con independencia de que eran personas a su cargo, también se advierte que fueron las mismas personas en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa, oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares.”

Añade el auto de vinculación que, desde junio de 2014, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó a Rosario Robles las irregularidades encontradas en los convenios que suscribió con diversas universidades públicas, pero la exfuncionaria no hizo nada para aclararlas durante el tiempo que estuvo en sus cargos.

“María del Rosario, como titular de dos Secretarías de Estado, debió informar a su superior, o bien, evitar que continuara la celebración de convenios. La conducta esperada deriva de la obligación que tuvo por su encargo de administrar los recursos con honradez para cumplir los objetivos a que estaban destinados”, señala el juez.

 

Con información de Primera Voz