Mucho ruido y pocas nueces dice un dicho. A propósito de la venta del llamado huachicol (hidrocarburo o gasolina robados), lo extraño es que todos o muchos hablan de eso, pero poco o nada se hace.

En efecto, los medios de comunicación y redes sociales dan cuenta cada momento de la situación del desabasto de combustibles en algunas regiones del país, al tiempo de informar sobre la venta indiscriminada y descarada del huachicol a la vista de autoridades de los tres niveles de gobierno Federal, estatales y municipales, que parecen sufrir algún tipo de ceguera pública que les impide ver lo que a muchos (especialmente vacacionistas) tocó ver y vivir en este periodo decembrino 2018 y que se acentuó en el inicio de 2019.

Lo interesante sería saber ¿Por qué si tanto se habla del tema del huachicoleo, no se aplican las medidas adecuadas y eficaces para prevenirlo, incluyendo sanciones ejemplares que inhiban la comisión de ese ilícito?

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a partir de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, estableció un amplio y severo catálogo en materia de sanciones, que van de los 4 hasta los 30 años de prisión y multas hasta de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA).

No obstante, el aumento de la punibilidad en los tipos penales, se ha dicho hasta el cansancio, de nada sirve por si solo para contener la comisión de delitos o infracciones a la ley, sea cual fuere la materia. Se requieren acciones concretas en materia de procuración de justicia y políticas públicas eficaces de materia de prevención.

Por supuesto, siempre es bueno saber que el artículo 9, fracciones I, II y III, de la citada Ley establece, entre otras cosas, que se sancionará a quien:

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera: 

a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

La letra de la ley es clara, no hay ni compradores ni vendedores de buena fe, el delito y la penalidad por comprar hasta menos de 300 litros de huachicol -por ejemplo-, puede ser causa de prisión y multa en los términos antes señalados. 

También es importante saber que el artículo 13 de la citada ley, previene: se sancionará de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a 9,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente. Lo anterior, independientemente de las sanciones aplicables conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De tal forma que la omisión de la denuncia, puede configurar un tipo de encubrimiento susceptible de sanción. Lo cual ha quedado en la impunidad si consideramos que durante los últimos cuatro sexenios se incrementó exponencialmente el número de tomas clandestinas detectadas y es impensable que eso haya ocurrido sin conocimiento de servidores públicos, no solo de PEMEX sino de toda una red de complicidades -como ya lo señalamos- en los tres órdenes de gobierno.

La ley puede ser lo más perfecta posible, sin embargo, las acciones de política pública son un reto mayúsculo para el gobierno del presidente López Obrador. Medidas eficaces y no discursos, son las que podrían hacer viable y efectiva la aplicación de la ley. Un reto que pondrá a prueba al primer Fiscal General de la nación que asuma el cargo y cuyo trabajo eficiente deberá verse reflejado -a la postre y en el mejor de los casos- con el logro de sentencias ejemplares contra los responsables.

 

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.