El Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 46 en contra, en  lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y la figura de “los 32 súperdelegados” (coordinadores estatales). Esta última figura ha sido criticada por violar la autonomía de cada uno de los estados, así como por contravenir la esencia del federalismo.

Horas después de la aprobación en el Senado, los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron a Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, que no imponga en los estados a los “súpercoordinadores” de seguridad, señalando en un desplegado:

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar.

La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.

Por ello nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados Coordinadores Estatales del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, indicaron los panistas.

El documento está firmado por los gobernadores de AguascalientesBaja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. 

Con información de Primera Voz y Sin Embargo