Tamaulipas encabezó la lista de los estados con el mayor número de personas imputadas por el delito de robo de hidrocarburos entre 2006 y 2018,: durante ese periodo, la Procuraduría General de la República (PGR) registró dos mil 918 casos, es decir, 265 personas cada año en promedio.

Tan solo en 2014, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) registró 991 incidentes en dicha entidad, aunque ese año las autoridades solo detuvieron a una de cada cinco personas involucradas –el 18%– y las cuatro restantes salieron libres. Además, de las 316 gasolinerías que Petróleos Mexicanos (PEMEX) clausuró en 2017 a nivel nacional tras detectar que eran usadas para lavar dinero, 24 se encontraban en Tamaulipas, es decir, el 7.5%.

En enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó la actividad de 13 empresas tamaulipecas por la probable operación de recursos de procedencia ilícita, pues no compraron combustible a PEMEX entre 2016 y 2017: tres se encontraban en Reynosa y en Matamoros, dos en Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando, y una más en Guerrero.

Al revisar una muestra de permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, se detectó que varios accionistas de estaciones de servicio incorporadas en Tamaulipas fueron investigados por lavado de dinero o señalados por vínculos con grupos criminales.

Según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Abel Briones Ruiz es uno de los integrantes del Cártel del Golfo, e informó en mayo de 2015 que congeló sus activos, entre los cuales se encontraba la gasolinería Combustibles Briones, S. A. de C. V. Utilizaba su red de transporte para distribuir cocaína en la frontera suroeste de Estados Unidos.

José Guadalupe Herrera Bustamante, exprocurador de Tamaulipas durante las gestiones de Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández, también opera una gasolinería en Ciudad Victoria. El notario público fue investigado en 2012 por lavado de dinero y dos de sus hermanos fueron identificados como integrantes del Cártel del Golfo.

Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera también fue investigado en México y Estados Unidos por lavado de dinero durante las gestiones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores en Tamaulipas, así como durante el gobierno de Roberto Borge Ángulo en Quintana Roo. Además, tanto en México como en Estados Unidos fungió como prestanombres de los exgobernadores tamaulipecos y adquirió propiedades o realizaba negocios con dinero del Cártel del Golfo y Zetas. Es accionista de la empresa Gasolinera Agrónomos, S.A. de C.V.

Wistano Luis Orozco García adquirió en 2015 acciones de Unión de Gasolineros Las Torres, S. A. de C.V. Fue director de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde firmó los convenios multimillonarios que dicha institución educativa celebró con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga. El dinero público se esfumó en complejos esquemas de empresas fantasmas y simulaciones de servicios.

El robo de combustible genera pérdidas en el país de 60 mil millones de pesos por año. Además de Tamaulipas, otras entidades donde se registró esa práctica destacan Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y el Estado de México.

 

Con información de Primera Voz