La ampliación del mandato de dos a cinco años en favor del próximo gobernador de Baja California, el senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, ha producido una gran frustración, por lo que aquella afirmación recurrente: “todos son iguales” se vuelve cierta en buena medida, y da muchas cosas qué pensar e imaginarse escenarios que algunos dicen, “son peligrosos” para nuestra democracia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla. Ha señalado: “Si me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado, como era antes, que se pusieran de acuerdo y aprobaran esa reforma, ¿cómo estaría hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad”.

De concretarse esa disposición ampliada, ha declarado Cuauhtémoc Cárdenas, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato que pudiera recibir cualquier funcionario electo”; y fue más allá cuando afirmó que con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad.

De la memoria brincan aquellos tiempos en que los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin sonrojarse. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su favorito, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado. De 35 años bajó a 32 para que joven político alcanzara el cargo, pero luego de un pleito entre ambos, Echeverría lo echó, tras acusarlo de ordenar asesinatos contra campesinos y “corrupción múltiple”.

José López Portillo aprobó llegara a la gubernatura, también en Baja California, Roberto, “Bob” de la Madrid quien no había nacido en esa entidad; era californiano, pero de Estados Unidos.

“Ha sido no sólo una maniobra sucia, sino que 21 diputados, en una sesión legislativa convocada al vapor y que puede decirse realizada en lo oscurito, están pretendiendo sustituir el mandato surgido de una elección democrática, declarada legal por la autoridad correspondiente” ha escrito en un artículo el ingeniero Cárdenas.

El presidente López Obrador salió a decir que “ya no hay influyentísimo, (que) el presidente no se mete en estos asuntos, como era antes y …. la línea es que no hay línea”. Buscó dejar claro: “Tranquilos y que no nos confundan, porque no somos iguales. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo: ‘Si ya se permitió esto es porque ahí viene la reelección presidencial’. Que no exageren, no somos iguales, zafo”.

Luego entonces, sería bastante sano para el país que las cosas se transparenten y que la ley se cumpla. Sin embargo, el principal actor del hecho, es decir, Jaime Bonilla, guarda un silencio cómplice. Dice de manera desfachatada que él no es abogado, que no es experto en el tema, que eso se lo deja a los abogados, y que la posible inconstitucionalidad de la decisión del Congreso de Baja California no le preocupa.

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, nada abona para pensar que estamos ante la transformación prometida. Afirma que no hay ningún problema que los legisladores locales del PRI, PAN y de su partido, hayan tomado esta decisión. Dijo que la población bajacaliforniana cree que “durante el primer año los políticos apenas se acomodan” y que para la propia ciudadanía “era desgastante pensar por quién votar”. Vaya cinismo.

Por lo menos, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció que esta cámara “revisa la determinación, ya que está obligada a velar por el pacto federal”. Si bien, como dice el experimentado legislador de Morena, “no queremos ser injerencistas”, es importante que el Senado cumpla su papel, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alguien le debe rectificar la plana al Congreso de Baja California, más aún cuando hay sospechas que los votos para ampliar el periodo de gobierno fueron producto de cochupos.    

El analista político René Delgado, en Reforma, ha señalado que López Obrador tiene prisa en desarmar la estructura vigente y armar aquella que, según su idea, acabará de raíz con la impunidad criminal, la pusilanimidad política, la desigualdad social y la inseguridad pública”.

Sí, el presidente de la República ha reiterado una y otra vez que está decidido a que los mexicanos experimentemos un cambio, no de gobierno, pero sí de régimen. Esto, efectivamente, significaría cambios profundos, pero la 4T no llegará mientras se repitan hechos como éste, que como ha dicho el propio Cuauhtémoc Cárdenas, “ofende la inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad”.

Es necesario que voces destacadas del morenismo salgan a dar la cara; diputados, senadores también. Algunos, muy pocos, ha expresado su desacuerdo, han rechazado este tipo de prácticas del pasado al mejor estilo del priísmo más oscuro que dio vida a gobiernos antidemocráticos, demagógicos, corruptos.

“El mandatario corre, no camina por el filo de la transformación y, obvio, hacerlo, es riesgoso en extremo. Puede llegar a la meta, pero también no llegar. Y, en este caso, no llegar supondría un fracaso correspondiente al tamaño de la apuesta”, ha destacado René Delgado, pero insisto, mientras se repitan estas prácticas y no se quiera escuchar las voces que incluso están con el proyecto, la 4T no llegará. Peor  aún, cuando se guarda silencio, cuando no se es autocrítico, se cree con los ojos cerrados, y se presume en voz alta: “vamos bien”.

Que no le cuenten…

Con la detención de Juan Collado, abogado, amigo y socio de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y de delincuencia organizada, “es claro”, dicen los que saben de ellos, de sus cochupos, que “la mafia del poder” no es un cuento de El Peje. Es cierto, casi todos los días, nos enteramos de fraudes y más fraudes al erario en los gobiernos de este clan, incluidos los de la “docena trágica”, por no repetir “la mafia del poder”.

*Periodista.

Con información de Mario A. Medina para Primera Voz