El programa de transferencias condicionadas que operó durante cuatro sexenios, Prospera, desaparecerá para convertirse en la Coordinación de Becas Benito Juárez. Bajo ese esquema, que llegaba a 6.2 millones de hogares, las mujeres que recibían los apoyos eran, técnicamente, extorsionadas: se les obligaba a realizar trabajos, ir a mítines y votar por el partido político del gobierno en turno, además de que se les entregaban entre 30 y 40% menos recursos de los asignados originalmente. De los 100 mil millones de pesos que tenía el programa, se estima que 30% no llegó a beneficiarios.

La actual coordinadora nacional de Prospera, Leticia Ánimas Vargas, estará a cargo del programa de becas Benito Juàrez. Abogada y periodista durante 26 años, indica que Prospera otorgaba apoyos condicionados en salud, alimentación y educación.

Explica que el componente de salud se reducía a dar pláticas a las derechohabientes y muchas veces la información que se daba no era acorde con la realidad de la gente. Por ejemplo, se les decía cómo cruzar las calles cuando vivían en zonas rurales, se les obligaba a ir cada dos meses a las clínicas a pedir las firmas para conservar los apoyos y muchas veces eran sometidas a extorsión por médicos y enfermeras, que les pedían de 10 a 120 pesos por la firma. Era una simulación: no recibían atención en salud.

Además cada componente era una forma de control que obligaba a las “beneficiarias” a muchas cosas, como ir a mítines políticos o votar por el partido en el poder. Se daba el uso electoral. Se creó una supuesta contraloría social en la que las vocales, mujeres a las que el año pasado les empezaron a dar un salario, eran las movilizadoras de partidos políticos y decidían quién entraba o no al programa.

El rubro de alimentación se incluía en las becas, era financiado con un crédito del Banco Mundial y conforma una deuda que terminará de pagarse en 2021. Ahora la gente recibirá más recursos, el 70% de los afiliados a Prospera obtenía 561 pesos por bimestre, ahora serán mil 600 pesos. Había 6.2 millones de familias en el programa, 4 millones de adultos mayores estaban ahí y ahora se van a la pensión universal.

Con los recursos humanos y materiales de Prospera se atenderá la beca universal. Había 20 instancias ejecutoras de becas en el gobierno federal y 100 modalidades de becas, lo que representaba un desorden en el uso de los recursos. Hay instancias y gobiernos estatales que no han rendido cuentas sobre los recursos que se entregaron para esos apoyos.

Se suman recursos de la Secretaría de Educación Pública, alrededor de 70 mil millones de pesos. Además, está por definirse a qué programas serán destinados los 20 mil millones asignados por Bienestar, pues estaban orientados al apoyo alimentario.

A las beneficiarias de Prospera se les obligaba a comprar en Diconsa, era como una tienda de raya. Gran parte de lo que pagaba Prospera era en efectivo y no llegaba completo a las familias, ellas no sabían cuánto les tocaba porque no se transparentaba el monto de los apoyos. Nunca supieron exactamente cuánto recibían. No se sabe dónde quedaba el dinero, si lo mermaba la gente que metía en un sobre el dinero para pagar o si desde las oficinas centrales iba recortado. Esto se auditará. Prospera era una isla de excepciones, no estaban obligados a presentar informes de egresos, pues fue pensado como un programa temporal.

 

Con información de Primera Voz