El 1 de diciembre próximo cumplirá un año de haber tomado las riendas de la administración pública de México el presidente López Obrador. Hace apenas unos meses, el 1 de septiembre de 2019, rindió su primer informe de gobierno. En aquella ocasión, en su discurso señaló entre muchas otras cosas, que la política para la transformación se ha convertido en una realidad y práctica cotidiana.

Apuntó: “Ya es un hecho, por ejemplo, la separación entre el poder económico del poder político. El gobierno actual representa a ricos y pobres, a creyentes y a libres pensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del Siglo XIX: “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Agregó que el Poder Ejecutivo ya no interviene en las determinaciones del poder legislativo ni del judicial. Y así una larga lista de enunciados que suenan a una llegada épica al paraíso -donde quiera que ese paraíso se encuentre-.

El asunto es que, ante nuestro limitado intelecto, muchos nos preguntamos: ¿Y si ya existe un auténtico Estado de derecho, por qué seguimos percibiendo y viviendo un alto grado de violencia e inseguridad?, ¿Por qué no hay manera de que mujeres, niñas y niños tengan la tranquilidad y seguridad de salir a la tienda de la esquina y regresar felices y contentos?, ¿Por qué 7 de cada 10 mujeres en el país siguen siendo víctimas de la violencia?, ¿Por qué los adolescentes no pueden salir de casa y regresar, sin contratiempo alguno, después de una venturosa cascarita callejera con los amigos como en antaño?

Y continuamos preguntándonos: ¿Por qué la máxima: “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” no parece congruente con la realidad? Por ejemplo: En relación con los procesos de designación de altos funcionarios públicos donde, ya no digamos que se incumple con el cuidado de los perfiles idóneos para los cargos, sino que se dejan de observar los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia ley, ahí el caso tan cuestionado y señalado de la CNDH.

Si esto es vivir en un auténtico Estado de derecho, entonces quizá prefiramos volver al pasado, donde “pobres pero contentos” dicen unos buenos amigos. La esperanza se derrumba cuando la realidad le cambia el sentido a la vida y a las concepciones.

Decía Kofi Annan, ilustre Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Premio Nobel de la Paz 2001: “El Estado de derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos…”.

En otras palabras, diríamos que el Estado de derecho es la palpable materialización del cumplimiento efectivo de los todos derechos humanos, donde la violencia, marginación, pobreza, el rezago en todas sus variantes, la censura, el desempleo, la corrupción y la impunidad no existen y, por el contrario, se vive en entornos de paz, seguridad y desarrollo. Al tiempo.

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina para Primera Voz