Siendo la deontología médica el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, esta debe extenderse además al personal que forma parte de la atención del sistema de salud; su conocimiento es una herramienta básica para todos ellos, así como su capacitación respecto a la responsabilidad y el compromiso que adquieren para brindar un trato humano.

Hace algunas semanas me referí a uno de los grandes pendientes para nuestro país; la reforma del sistema de salud. “Federalizar el sistema de salud” para hacer frente al servicio deficiente que conocemos todos, en el que casi 21.5 millones de habitantes no se encuentran afiliados a alguna institución de salud y el 42 por ciento no cuentan con cobertura amplia en el paquete de atención para llegar a la universalización del mismo, vaya que no es una tarea fácil.

Tampoco lo es, por cierto, una de las aristas que forman parte de este rezago; la actuación de quienes participan en el proceso de atención médica, quienes tienen la obligación prestar sus servicios con un sentido humano, ético y en estricto apego a la ley.

Esta responsabilidad, de no cumplirse bajo estos parámetros, pone en riesgo la integridad y la propia vida de los usuarios de los servicios de salud, y su la salvaguarda no puede vulnerarse anteponiendo requisitos administrativos de cualquier índole, pues estamos en presencia de un derecho humano.

Es imprescindible, por tanto, contar con instrumentos claros tales como, lineamientos, códigos éticos y normas oficiales, que sirvan como guía; además de la debida capacitación de quienes participan en este ámbito; la formulación de informes y dictámenes que sean lo suficientemente útiles para acreditar y dar constancia del adecuado cumplimiento de protocolos y funciones de los actores privados y servidores públicos dedicados a estos servicios.

Estos instrumentos son fundamentales y deben ser obligatorios para todas las instituciones, ya que a través de ellos se pueden inhibir malas prácticas, identificar prioridades y obtener elementos para establecer con certeza la correcta aplicación de criterios; así como las sanciones que se desprendan de una actuación negligente.

La negligencia en este ámbito guarda sintonía con una práctica deficiente, descuido y desatención, por hacer menos de lo que se debería hacer. El prestador de servicios de salud, si bien es cierto puede ser sancionado de acuerdo a la legislación penal por su imprudencia en la modalidad culposa, al no prevenir el resultado previsible por falta de cuidado y reflexión, debe ser capacitado en ello, y deben existir elementos que desde la actividad interna de un hospital se puedan medir y prevenir.

El ejercicio profesional de la medicina puede dar lugar a diversos tipos de responsabilidad, según lo dispone la Ley General de Salud, así como distintos preceptos del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas de la Comisión de Nacional de Arbitraje Médico, (Conamed), asimismo, estos servidores públicos están sujetos a las responsabilidades señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con sanciones que pueden consistir en la destitución o inhabilitación para volver a desempeñar el cargo.

Desafortunadamente en la práctica los procesos jurídicos para determinar el grado de responsabilidad de quienes actúan negligentemente, son costosos, tortuosos, largos y la mayor parte de las veces son una vía casi imposible que permita acreditar cualquier tipo de negligencia.

Acudir al “arbitraje” ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, quien con sus propios datos señala que de cada 100 quejas que se interponen por presunta negligencia, sólo dos de ellas concluyen en fallos, lo cual significa una cifra por demás deprimente para a la mayoría de las víctimas, ya que el silencio sigue predominando.

Los últimos años se cuentan por miles las denuncias de negligencia médica; 1,775 procesos penales al inicio del sexenio anterior de las cuales sólo 43 derivaron en un laudo. Durante el 2015 por citar un ejemplo, se registraron en el estado de Quintana Roo 87 presuntos casos de negligencia médica, de los cuales sólo 3 llegaron a proceso penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en todos los Estados de la República, aunque varía el número de casos, más del 90% de las quejas corresponden a la mala praxis, a una atención tardía y a la falta de cédula profesional del médico.

Actualmente existe un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los problemas derivados de la atención médica, sin embargo, es urgente dotarlo de capacidades para que funja como la instancia a partir de la cual, en cada hospital se pueda vigilar la ejecución de lineamientos y prácticas, e informar a través de dictámenes públicos, el cumplimiento correcto de las actividades que corresponden a cada miembro del personal que forma parte del proceso de atención médica.

Con información del Lic. José López Cano para Primera Voz