La exclamación desesperada que se reflejó en las urnas este año a punto de terminar, es la misma de hace décadas; la urgente necesidad de gobiernos eficientes. Más allá de las emociones que nos provocaron los discursos retóricos, la etapa de campañas, la jornada electoral, la transición y el cambio de gobierno, no podemos quedarnos solo con discursos y entramparnos en arengas entre ganadores y perdedores del sufragio de julio.

Los actores políticos generaron euforia y decepción; la construcción institucional electoral que hoy tenemos, a pesar de la violencia e impunidad que rodeó el proceso, generó confianza en el resultado, sin embargo, en esta etapa en la que se ha determinado la aprobación del reciente Presupuesto de Egresos de la Federación este debe ser no solo un discurso de eficiencia y transparencia, debe alcanzar para lograr nuestras aspiraciones por un país justo, próspero, seguro y en paz.

En ese orden de ideas dicho decreto considera un gasto de 5.8 billones de pesos, lo que implica un incremento al menos 6.4 por ciento respecto a 2018 y un monto adicional de 23 mil 768 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo, reasignado 40 mil 524 millones de pesos para el campo, educación salud y medio ambiente.

Las dependencias federales a las que mayores recursos fueron reasignados son las Secretarías de Agricultura (8,091 mdp), Educación (7,860 mdp), Bienestar (2,114 mdp) y Medio Ambiente (4,500 mdp).

Inicia pues la crítica y la autocrítica con lo que se está haciendo y con las decisiones que se han tomado respecto al PEF 2019, este al que han denominado el primero que busca rescatar a nuestra sociedad.

El paquete económico se ha dicho es fiscalmente responsable y aun con sus claroscuros esperamos que predomine la eficiencia, porque una cosa son las cifras y otra cosa será su instrumentación.

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados se ha propuesto erradicar las malas prácticas con el dinero público terminando con la industria del moche, debido a que el ramo 23 del había sido durante el último sexenio la bolsa de dinero que se repartió estados y municipios de manera discrecional y poco transparente; ahora habrá que rendir cuentas.

A partir de este momento existe la obligación de justificar las asignaciones presupuestarias, revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre las observaciones que no estén solventadas; y bien valdría la pena establecer que, a más observaciones sin resolver, menos recursos para esas entidades.

También a partir de ahora el reto es no abandonar el PEF al aprobarlo, sino realizar evaluaciones para analizar el ejercicio del gasto, impulsar el Sistema de Evaluación de Desempeño, para establecer metas en la asignación y verificar su cumplimiento.

 

on información del Lic. José López Cano para Primera Voz