Un tema que ha sido motivo de estudio y debate, especialmente por un sector de la doctrina especializada, es la vinculación de los derechos humanos con el fenómeno de la corrupción. ¿Cómo establecer esa vinculación entre los derechos humanos y la corrupción?. Iniciar por el principio, partir del estudio de los derechos humanos a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuyo texto se reconocen y se establecen las garantías para su cumplimiento a cargo del Estado.

Asimismo, un repaso por el estudio de la corrupción como fenómeno social y jurídico, nos dará la oportunidad de aterrizar solo algunas ideas que giran en torno a este flagelo, y que, en algún momento, en ciertas circunstancias éste hace colusión con los derechos humanos previamente analizados. Es entonces cuando diríamos que la vinculación se presenta cuando existe alguna afectación a la integralidad de estos derechos (como derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos), ocasionada por hechos o actos corruptos.

El conocimiento elemental de los derechos humanos y del fenómeno de la corrupción es indispensable para estar en posibilidad de buscar -y encontrar en el mejor de los casos- salidas jurídicas viables, objetivas, concretas y eficaces, a los problemas derivados de dicha vinculación. Esto significa que, si logramos entender las dinámicas de la corrupción, entonces tendremos mayor margen de maniobra para afrontarla con éxito y con ello prevenir violaciones a los derechos humanos en su conjunto.

Diremos entonces que hablar de corrupción en inicio supone per se un acto o conducta atentatoria de los derechos humanos, un acto o conducta que de alguna forma condiciona el goce pleno de estos derechos, por ejemplo: el requerir cierto importe en numerario o en especie para disfrutar o hacer efectivos derechos como: a la prestación de un servicio público, al acceso a la justicia, a la información, a la salud, a la educación, al trabajo, al libre comercio, entre otros, hace nugatorio en sí mismo estos derechos.

En un ámbito más general, la corrupción irrumpe contra el pleno disfrute de los derechos humanos, cuando como consecuencia de actos o conductas de personas corruptas, particularmente servidores públicos, se desvían recursos públicos destinados especialmente a garantizar estos derechos, causando con ello condiciones de deficiencia e ineficacia en los servicios prestados por el Estado.

En este sentido, las razones que impulsaron la existencia de mecanismos anticorrupción desde un plano global y doméstico o nacional -como el casi recién instalado (2017) Sistema Nacional Anticorrupción– se fundaron especialmente en la idea de contrarrestar actos irregulares o ilegales como el soborno y el cohecho derivados de la contratación de bienes y servicios para el Estado, así como en el uso irregular o indebido de los recursos públicos.

Sin embargo, la vinculación entre los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción, requiere del estudio de múltiples factores que no solo tienen que ver con la contratación de bienes y servicios para el Estado, y tampoco se puede referir a  personas en su posición de agentes corruptos (activos o pasivos, servidores públicos o particulares), sino con el desempeño de las instituciones públicas y privadas que, a final de cuentas, trascienden a la esfera de los derechos humanos, impactando en su plano individual y colectivo.

Un tema que quizá requiere una convocatoria más intensa a la sociedad en general y, especialmente a la academia y organizaciones profesionales, para participar en un debate serio, razonado y constructivo, a través del cual, se dé cuenta de los avances y perspectivas en la materia anticorrupción, con enfoque hacia la protección y defensa de los derechos humanos, su impacto en el disfrute pleno de estos, los diseños jurídicos e institucionales vigentes y, sobre todo, los recursos económicos asignados para las políticas anticorrupción, puesto que, paradójicamente, se trata de recursos que bien podrían ser dirigidos para garantizar tales derechos.

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.