El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, comandado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, expone que “la extensión y el poder de los grupos criminales en México solo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional. Hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero”.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó en 2013 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o “Ley Antilavado”, pero el número de sentencias fue mínimo, observó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) internacional.

En 12 años de guerra contra el narcotráfico, a la par de la extensión de 14 cárteles en territorio nacional e incluso en el continente, México se convirtió en un país de víctimas: más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas, cifras que se han incrementado a niveles históricos estos dos últimos años.

El narcotráfico es un negocio transnacional en el que México es productor de marihuana, amapola y metanfetaminas, pero también territorio de tránsito y transporte de cocaína sudamericana. En tanto, Estados Unidos es el mayor mercado de drogas en el mundo con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.

Además de la venta de drogas, el crimen opera 25 tipos de delito que les reditúan cuantiosas ganancias. Los cárteles operan con secuestro, venta de protección, tráfico humano, despojo de propiedades, control de giros negros, piratería, contrabando y lavado de dinero como los más destacados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto nacional. En los noventas, el blanqueo de dinero no superaba el 0.5 por ciento del PIB, pero los cálculos de la firma especializada TM Sourcing apuntan hasta los 50 mil millones de dólares.

Como parte del combate a las estructuras financieras del crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó el 5 de diciembre a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de tres empresas fachada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso en el país.

 

Con información de Primera Voz