El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) destina 15 mil 400 millones de pesos al año, 70% de su presupuesto, para pagar a las empresas que construyeron y se encargan de los servicios de ocho penales federales, por lo que la dependencia revisará los contratos.

Bajo el esquema de contrato de prestación de servicios (CPS) se dieron convenios por adjudicación directa en 2010 a empresas para la construcción, equipamiento y operación de ocho centros penitenciarios con vigencia hasta 2032. A decir de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del OADPRS, dichos contratos comprometen la vida de otros gobiernos, ya que es como si compraras una deuda.

El 30% restante del presupuesto es destinado a los otros penales federales de los que se encarga directamente; sin embargo, ahí también hay una deuda con la empresa que obtuvo la concesión para encargarse de los alimentos.

El gobierno de Felipe Calderón comenzó la privatización de los penales, pero el problema no está en sí en la participación de empresas, sino en contratos leoninos que no reúnen la menor ética de una empresa seria que invierta para poder sustentar empleos o inversión.

Los CPS proporcionan todos los servicios, así lo indica el contrato por 22 años, y el órgano administrativo atiende la seguridad y la gobernabilidad.

Los penales referidos son son: Cefereso 11 (Sonora), 12 (Guanajuato –los primeros que iniciaron actividad en 2012–, 13 (Oaxaca); 14 (Durango), 15 (Chiapas), 16 Femenil Morelos, 17 (Michoacán) y 18 (Coahuila).

De encargarse el OADPRS de los servicios en esos penales, Garduño asegura que podrían ahorrarse hasta 50% de lo que pagan a las empresas. “Vamos a revisar los contratos, platicar con los empresarios y decirles que no es posible, son leoninos los contratos”, enfatizó.

 

Con información de Primera Voz