Una vez más, otro caso de corrupción grave renace en la escena pública a ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora toca el turno a Rosario Robles Berlanga, relacionada con desvíos millonarios -en la llamada Estafa Maestra– durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

En una entrevista publicada en el portal Aristegui Noticias, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló: “Estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso… hasta el momento no se han bloqueado cuentas de exfuncionarios o personas relacionadas con el fraude, que se realizó a través de instituciones públicas.”

Sin embargo, el tema es la apertura de la caja de pandora que sigue dando de qué hablar. Para bien o para mal, el discurso político contra la corrupción que llevó al presidente López Obrador a la Presidencia de la República, continúa dando primeras planas en los distintos medios de comunicación y redes sociales.

Estos destapes de corrupción o mejor dicho presunta corrupción, requieren ser tratados mediante un tejido muy fino con todos los elementos que se recaben durante las investigaciones, a fin de obtener resultados jurídicos concretos, es decir, sentencias condenatorias o absolutorias, según sea el caso, para con ello recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado.

Una vez abierta la caja de pandora con todos los males de la humanidad, entre ellos, la corrupción, se demanda la participación de todos y en todos los frentes. Lastimosamente, muchos se dan cita en la casa de las descalificaciones y animadversiones de todo cuanto hagan los actuales responsables de la Administración Pública y del Poder Legislativo, incluso antes de conocer o, mejor aún, entender las problemáticas públicas específicas y las estrategias para cada caso.

De ahí la importancia fundamental de entender y dimensionar el daño que ocasiona la corrupción, entendida ésta en su sentido más amplio como una forma de corromper, destruir, pervertir, inhabilitar o alterar ilegalmente nuestro orden jurídico, nuestro sistema normativo establecido para vivir en paz, con desarrollo y bienestar.

Casos como el ahora resonado de la llamada Estafa Maestra, nos da una perspectiva de la corrupción en el plano político, vinculada directamente con servidores públicos de alto nivel que, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, incurren en abuso de poder para la obtención de ciertos beneficios particulares.

Asimismo, hay que precisar que cuando se habla de corrupción política, no necesariamente -y menos en forma exclusiva- se deben enfocar las baterías o la atención en los servidores públicos o funcionarios conocidos simplemente como “políticos”, sino el punto clave es el ejercicio de un cargo público vinculado con funciones y decisiones políticas que entrañan actos irregulares o contrarios a la ley.

Así la importancia de impulsar políticas públicas cuyo propósito sea el conocimiento del fenómeno y acepción de la corrupción. Puesto que, si no conocemos la enfermedad, será prácticamente imposible que el recetario institucional o política pública adoptada, sea cual sea, tenga éxito.

Nuestra sociedad actual, está hecha a base de las informaciones que se despliegan en los diversos medios de comunicación y ahora también en las redes sociales donde, en el primer caso, no existe un ejercicio real de interlocución efectiva para la aclaración inmediata del mar de cuestionamientos que los televidentes, radioescuchas o lectores, se hacen en torno a dicha información, lo que les concede el carácter de meros receptores. Por otro lado, en las redes sociales tampoco existe un ejercicio de interlocución sana, productiva, razonada y mucho menos argumentada jurídicamente, sobre todo cuanto se publica o difunde, antes bien, lo que se percibe es una suerte desenfrenada de violencia discursiva donde todos -o la mayoría- parecen declararse dueños de la verdad.

La complejidad que representa el conocimiento del fenómeno de la corrupción y sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales, exige la toma de decisiones gubernamentales que lejos de ser automáticamente descalificadas, requieren el acompañamiento o -en el menor de los casos- del seguimiento de todos sin excepción.

Quizá valdría la pena reflexionar, una sociedad bien informada no es aquélla a la que se le dota de innumerables casos emblemáticos de corrupción como la Estafa Maestra y otros, sino aquella que hace uso de su derecho humano a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal para analizar, compartir e intercambiar ideas de manera respetuosa y, sobre todo, proponer soluciones a las distintas problemáticas públicas.

Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.