Los incendios ocurridos durante el pasado fin de semana han puesto a la Ciudad de México en una situación complicada. Ayer, martes, fue el quinto día consecutivo con altos niveles de ozono y partículas contaminantes en el aire, por lo que el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo decidió decretar la contingencia ambiental con el objetivo de reducir la probabilidad de afectaciones en la salud de la población.

La Jefa de Gobierno capitalina enfatizó que la mala calidad del aire tiene como principales causas los incendios agropecuarios, forestales y en zonas urbanas que se combinaron con velocidades bajas de los vientos. “La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha establecido medidas de prevención de la salud”, agregó.

En este tenor, es de vital importancia el trabajo conjunto con el Estado de México, entidad que forma parte de dicha Megalópolis y contaba en 2017 -según datos del INEGI- con casi cinco millones y medio de automóviles registrados en su parque vehicular, de los que un importante porcentaje circula a diario en la Ciudad de México.

Sin embargo, dichos automotores no siempre cumplen las normas y procesos de verificación necesarios para mejorar la calidad del aire. El periodista Juan Francisco Casteñeda, a través del portal 24 Horas, ventila el escabroso modus operandi de la corrupción en el lado mexiquense que llega hasta los altos mandos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).

El reportaje señala que, a solicitud de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, la PROPAEM instruye visitas de inspección a diversos Verificentros localizados en la entidad. Dichos establecimientos, pese a contar con las respectivas autorizaciones vigentes o bien, no requerir autorización de impacto, o ser éstas de competencia federal, se ven clausurados de manera arbitraria por decisión de la dependencia.

“En la diligencia el jefe de Quejas y Denuncias informa que debemos ver al subprocurador y en la cita, de entrada, nos dicen que somos acreedores a una multa de un millón de pesos sin haber iniciado algún procedimiento y violando nuestro derecho de garantía de audiencia, no muestran una resolución y menos la valoración de nuestras pruebas; por lo tanto, no contamos con la autorización en materia de impacto ambiental, y si estamos de acuerdo en pagar, se habla con el procurador para retirar sellos de clausura”, indican propietarios de Verificentros en el Estado de México.

En palabras de los empresarios, por instrucción del Procurador Luis Eduardo Gómez se extienden recibos con una “rebaja” en la multa original de un millón de pesos y líneas de captura por diez mil pesos. La diferencia se entrega al subprocurador, tras lo que los dueños de los Verificentros afectados deben contactar vía telefónica a un despacho jurídico, del cual un representante se presenta en los establecimientos para retirar los sellos.

Además, los dueños de los Verificentros deben pagar a la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental entre 150 mil y 300 mil pesos que “nos exigen por entregar nuestros oficios”.

Aunado a las prácticas extorsivas de la dependencia encabezada por Luis Eduardo Gómez, licitaciones fantasma permiten la apertura de nuevos Verificentros -para beneficio de otras personas- a tan sólo unos metros de los que fueron injustamente clausurados, por lo que sería de suma importancia verificar en qué medida la Secretaría del Medio Ambiente, la Dirección General de Control de la Contaminación Atmosférica y la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental pueden, precisamente, verificar lo que sucede en las instituciones del Estado de México y hasta dónde se extiende la cadena de corruptelas, de la que Luis Eduardo Gómez es pieza central.

 

Con información de 24 Horas y Primera Voz