“Debíamos salir en la noche sin llevar nada, más que a los niños. Sin ropa, sin cobija, nada, ni un par de ropa para cambiarnos, ni taparnos. Salimos caminando día y noche, -a las ocho de la noche para que la delincuencia no nos viera-; los niños vinieron caminando en el cerro, no en el camino, como tienen carro (los grupos armados), pueden patrullar la carretera.

Llegamos al pueblo, municipio que se llama Copalillo, ahí estuvimos tres meses, Secretaría de gobierno decía que íbamos a regresar, que había platicado con el presidente municipal de Zitlala. Es mentira, ellos querían que regresáramos, pero a los tres días ya nos hubieran desaparecido”, relató Joaquina Cantor, del día que abandonaron sus casas huyendo de grupos criminales, en la comunidad de Tlaltempanapa, Guerrero.

Fue el 11 de noviembre del año pasado cuando grupos armados dispararon e incendiaron sus casas para despojar de sus tierras ejidales a familias enteras, en las comunidades de Filo de Caballos y Leonardo Bravo, cabecera municipal de Chichiualco, Guerrero.

El éxodo no tiene una cifra exacta, tan solo en el campamento que se encuentra fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, hay 18 familias. Se habla que esa noche salieron aproximadamente mil 600 personas, que caminaron durante 18 horas para buscar apoyo del gobierno estatal, que solo les dio alojamiento en el auditorio de Chichihualco, durante tres meses.

Sin embargo, desde hace cuatro meses, de acuerdo a un desplazado que prefiere el anonimato, acusa que los grupos armados forman parte de la Policía Comunitaria, “nosotros bien sabemos que detrás de ellos viene gente de delincuencia organizada, el cártel es local, se conoce como Sierra Unida, han tenido confrontaciones con otros grupos delictivos”. Acepta que el territorio de Leonardo Bravo de aproximadamente 852 km cuadrados, tiene tierras donde se da la producción de amapola, asegura que ésta ya no tiene el mismo valor, ante la disminución de producción de planta, por la caída del precio de la cocaína al haber sustituido la goma con etanol.

“Nos salimos de nuestras comunidades por temor de que aquella gente fuera a tener represalias. Mucha gente se quedó en los pueblos. Le estoy hablando de “Los Morros”, una comunidad de aproximadamente mil, mil 500 habitantes. De ese pueblo se salieron la mitad, porque no quisieron perder su patrimonio. Muchos familiares se quedaron. Nos comunican que para salir -ahorita que están sometidos- a la capital del estado donde baja uno para comprar víveres tienen que pedir permiso. No dan permiso de que salga la pareja, tiene que salir uno, ya sea el hombre o la mujer, y les dan un horario de a qué hora tienen que regresar. Los ponen a trabajar.

La estrategia que vienen manejando es que los pueblos que someten, les dan una playera que trae el logotipo de Policía Comunitaria, se las ponen y los mandan, -supongamos que entraron a “Morros”, más adelante esta otro pueblo que se llama “El Miraval”, para poder incursionar al otro pueblo- usan a la misma gente que va obligada, a la mejor no los matan pero los espantan que le van a desaparecer a un familiar, hay amenazas”, Aseguró.

El gobierno del estado dejó en indefensión a habitantes

Algunos desplazados afirman que el gobierno de Guerrero tiene conocimiento de la violencia y problemática que ha afectado a aproximadamente 21 comunidades de Leonardo Bravo. Aseguran que la creación de la Policía Rural Estatal por parte del gobierno para brindarles seguridad a las comunidades -y que fueron entrenadas por militares y marinos para prevenir, dar seguridad y auxilio- trabaja con la organización “Unión de Pueblos y Organizaciones” donde los comisarios de las comunidades participan para pacificar el municipio y que no es así; el testigo refiere que el gobierno todo el tiempo fue informado de los ataques que harían los grupos armados, ya que éstos daban aviso a las comunidades de que entrarían.

Explica que el repliegue de los grupos armados lo hacía el ejército y la policía municipal. Durante cuatro o cinco años fue una actividad recurrente y que el aviso de los ataques se realizó a través de la página “Policía General de Heliodoro Castillo”, donde publicaron la amenaza de que entrarían a los pueblos a tomar las comunidades. La sorpresa, para varios desplazados, vino cuando quienes llegaron a los poblados fueron la policía estatal, militares y la Policía Comunitaria, juntos. Siendo los militares quienes iban a la cabeza.

“No entendemos qué está pasando. Para poder incursionar en una comunidad lo que hacen es que el militar entra primero y atrás de ellos vienen los demás. Queremos saber por qué se está dando esa situación. Entendemos que probablemente compraron al gobierno”, comentó el testigo, quien abundó, en que pese a la pobreza que hay en el municipio de Leonardo Bravo existen intereses de particulares en dos minas que recientemente fueron descubiertas, y que es quizá la razón por los enfrentamientos. “En la zona actualmente se encuentra operando la mina conocida como “El Carrizalillo” de empresa canadiense, quienes la explotan por un pago, una renta mensual de diez millones de pesos”.

Los ataques son constantes, una de las mujeres recuerda que inmolaron a su sobrino junto con un amigo cuando fueron por su ganado. Por el homicidio puso una denuncia en Chilpancingo junto con la madre del comisario del pueblo que también fue asesinado. De estos homicidios, asegura se perdieron los expedientes. “Venimos a la Seido antes de que nos desplazaran, -porque eso es de cada ocho días-, las amenazas al pueblo y van y tiran al pueblo. Atacan a todo el pueblo y no podemos estar viviendo siempre con ese temor. Vine a la Seido y nos dijeron que en quince días porque estaban esperando una orden del juez para hacer cateos contra estas personas. Llevamos cinco meses o más que venimos a poner la denuncia y no se ha hecho nada, seguimos esperando al gobierno”, expresó.

Y es que la representación del gobierno del estado los dejo indefensos. El señor Roberto Medina, representante de la comunidad de Filo de Caballos relata que el gobierno no quiso brindar apoyo, y que al momento de la irrupción en su comunidad el ejército no quiso replegar a los grupos armados por falta de una orden del gobierno.

¿“Por abajo del agua” les violaran sus derechos?

Roberto Medina asegura que los interlocutores que designó el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas para dar solución a la problemática de desplazamiento, Félix Santana y Neftalí Granados les dijeron: “que esto lo hagamos bajo el agua, que no lo demos a conocer a los medios de información.

No queremos la violencia, como dijo López Obrador en sus mensajes: “que ya iba a acabar todo eso, para que la gente de la sociedad civil ya estuviéramos tranquilos” y qué pasa, aquí la realidad es otra. Las promesas de López Obrador estamos viendo que no, no es como era en la campaña que primero los pobres y no es cierto, aquí son primero los empresarios. López Obrador con ellos si tiene reuniones”, aseguró Medina.

Las víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) no cuentan con una categoría legal como personas desplazadas, ni con el régimen de protección que otorga el derecho internacional, y sobre la Ley General de Víctimas que menciona y reconoce al desplazamiento sin nombrarlo forzado, en sus artículo quinto, se leen principios en los que se encuentra la victimización secundaria donde “el Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos (…) las autoridades tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas”

Como no ocurre con los DFI de Leonardo Bravo. Crescencio Pacheco González asegura que Félix Santana y Neftalí Granados, les dijeron claro: “por nosotros quédense el tiempo que quieran ahí, no hay problema con nosotros, si quieren estar un año ahí estense, por nosotros no va a haber tema de desalojo del gobierno. No podemos darle la ayuda ahí, si quieren la ayuda, -y nos condicionaron a esa forma- si quieren la ayuda humanitaria, para que sean atendidos en el tema de seguridad regresen a sus hogares. Si quieren la ayuda para entrar a los programas federales aléjense de Palacio Nacional y regrésense a Chihiualco, nosotros les ponemos autobuses y allá los vamos a tender.

Nos dijeron: “tranquilos no hagan tanto ruido porque cuando sepan los demás desplazados de todo el país de que se tiene que dar la ayuda a todos, van a empezar y se le va a venir un caos a gobernación porque tiene que dar la atención a todos los desplazados (quién les dijo esto) Neftalí Granados y Felix Santana”.

Un Tribunal Colegiado resolvió el amparo en el que señala que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene la capacidad de registrar y reconocer a personas en situación de desplazamiento interno como víctimas de derechos humanos, donde es imperante la tipificación para tener condiciones de respeto institucional de protección y acompañamiento a las víctimas de DFI.

No existe una convención internacional con validez universal para su protección, solo los Principios Rectores de los Desplazados Internos que prevén derechos que se les debe reconocer a las víctimas y las obligaciones de las autoridades a atenderlos.

Si bien la legislación en el país es escasa, el estado de Guerrero –igual que Chiapas- cuenta con la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno Forzado, en vigor desde 2014 sin que cuente con un reglamento para hacer efectiva su aplicación. Aunque su artículo 25 menciona que la “Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos tendrá atribuciones como “Impulsar la colaboración de organismos internacionales para la atención y asistencia humanitaria de los desplazados internos, e incluso el artículo 1, inciso VIII habla sobre el Fondo Estatal de Contingencia, cuenta administrada por la Secretaría General de Gobierno del Estado que se creó para financiar y sustentar los programas de prevención y atención del DFI de la cual no se sabe qué uso a hecho la autoridad.

“Candil de la calle, obscuridad de su casa”

El gobierno no nos ha dado nada, ni un vaso de agua, ni siquiera nos voltea a ver.

“¿por qué son muy sensibles en esa ayuda a inmigrantes de otro país que les han dado mucha ayuda, hasta trabajo les ofrecieron, les están dando dinero, no?, para que no haya ningún problema. ¿Y nosotros como mexicanos, y la constitución, por qué no la hacen valer o la hacen valer a su conveniencia?, ya basta que nos sigan engañando” señaló Crescencio.

Y es que en este tema sobre migrantes en el país, sólo en el mismo mes de noviembre en que fueron desplazados de sus hogares en Guerrero, el gobierno -solo de la Ciudad de México- gastó alrededor de 12 millones en atención a migrantes. E incluso, el Instituto Nacional de Migración en transparencia para Milenio revelo que gastó, en los últimos tres años, mil 273 .9 millones de pesos en brindar atención a foráneos, aunado a la implementación del programa “Estás en Tu Casa” donde reciben 2,262 pesos. Si bien estás acciones son el derecho de la población, la crítica es la falta de empatía e igualdad para sus mexicanos que están siendo forzados a dejar sus hogares, y orillados a vivir en condiciones difíciles.

¿Dónde está el presidente, el Sistema Nacional DIF, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, el gobierno del estado, el gobierno de la Ciudad de México, Gobernación a través de su Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?, que no han brindado ayuda humanitaria a las víctimas de DFI en Palacio Nacional.

Con información de Primera Voz