Diversos estudios jurídicos, psicológicos y biopsicosociales se han realizado durante años para poder establecer la edad mínima en que una persona puede ser imputable de un delito, es decir ser acreedor a una pena privativa y peor aún, la idea de reducir la pena para que sea juzgado un menor de edad como un adulto, situación que no es propia de México, porque países como Argentina, Honduras y el Salvador también han tenido foros sobre el tema.

Actualmente, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores infractores se clasifican en grupos etarios, siendo estos los siguientes:

  • Grupo Etario I: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren comprendidas en el rango de edad de doce años cumplidos a menos de catorce años
  • Grupo etario II: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren comprendidas en el rango de edad de catorce años cumplidos a menos de dieciséis años
  • Grupo etario III: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren comprendidas en el rango de edad de dieciséis años cumplidos a menos de dieciocho años

En ese sentido, la prescripción de las penas dependiendo del grupo etario al que pertenecen, no podrán exceder de un año para el grupo 1, para el grupo etario 2 no podrá exceder de tres años y en el caso del grupo 3 de cinco años.

Cabe señalar que estás penas aplican siempre y cuando los adolescentes comentan la conducta de la que se acusa, asimismo, la ley establece que tratándose de delitos sexuales o trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla dieciocho años.

Esto es como actualmente está el panorama para los menores que infringen la ley, por lo que pensar en la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad o juzgarlos como mayores, en mi punto de vista no es una solución en vía de reconstruir el tejido social.

La Política Pública en materia de seguridad muestra una gran falta de estrategias en materia de prevención, de trabajar coordinadamente con otras instancias del ámbito federal, estatal y municipal, y no intentar atacar el fuego con más fuego como lo han venido haciendo las últimas dos administraciones.

Si bien nadie nace sabiendo ser padre, lo cierto es que muchos parecen no esforzarse por serlo, la falta de supervisión y el inculcarle valores a los hijos son factores en muchos casos determinantes para que los menores adopten conductas sancionadas por la ley.

En mi experiencia como prestador de servicio social en la agencia 57 del menor infractor me ha permitido conocer de distintos casos de todos los estratos sociales, desde el junior hasta los niños de la calle, (“los niños de todos y de nadie”) y como uno de los aspectos determinantes que he discernido es la falta de sanciones a los padres, los cuales evaden su culpa a la falta de compromiso en la crianza de sus hijos y en otros casos la indiferencia y desapego a ellos, incluso hay quienes renuncian a su tarea de ser padres, dejando que la “sociedad” se haga cargo de ellos.

Por lo que considero que bajar la edad para imputar a los menores al igual que a los adultos no es viable, si lo es el imponer sanciones a los padres, no solo de aspecto financiero sino de servicio comunitario para comprometerlo a supervisar la crianza de sus hijos, medidas como la recolección de basura, la pinta y aseo de escuelas públicas, entre otras, logrando que mediante el trabajo se aperciban de volver a cometer un ilícito el menor y los padres de vigilar su conducta.

Aunque pareciera broma que en esta generación los menores delincuentes responden a nombres como Brayan, Kevin, Brandon, Dylan, Kimberly, Britany, entre otros, que si bien esto no tiene por qué generalizar a las personas que responden a estos nombres, si reflejan de alguna manera la edad promedio de sus padres.

La idea de esta nota no es exponer los casos de secuestro, homicidio, lesiones, violación y otros en los que están involucrados menores de edad, sino de hacer reflexionar sobre la indiferencia en la que avanza la sociedad, la falta de compromiso por todos los actores implicados tanto en la prevención, sanción y seguimiento, este es un tema que siempre genera controversia por la corta edad de los imputados.

Esta fue una breve introducción de lo que abarca el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en siguientes notas volveremos a tocar este tema para ir desglosando otros tópicos importantes como el ministerio público especializado, los mecanismos alternativos de solución, los procesos restaurativos, el internamiento, entre otros.

 

Con información del L.C. Cesar Alfonso Espinosa Palafox para Primera Voz