De los grandes logros de la sociedad civil organizada, en el ámbito de atención y protección para las personas en situación de víctimas, es la emisión de la Ley General de Víctimas de 2013, con una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017. Una legislación de cinco años de vida dentro de nuestro sistema jurídico mexicano.

A través de esa legislación, se estableció la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo a través del cual se daría cause a los miles de casos de personas víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos.

Lamentablemente, las permanentes manifestaciones de la sociedad contra el citado organismo, devienen en buena medida por los pobres y deficientes resultados en su trabajo. Y es que mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instala una “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa”, en la CEAV se encargan de dilatar irresponsable y negligentemente el acceso a la justicia para las víctimas.

Solo a manera de ejemplo, sería conveniente que la secretaria Sánchez Cordero diera un vistazo a la integración –y desintegración- del expediente CEAV/CIE/0188/2016, del cual se desprenden múltiples violaciones a derechos humanos en torno al debido proceso, a la confidencialidad de la información, a la no discriminación, a la igualdad y seguridad jurídica, entre otras, por acciones y omisiones -irónicamente- de la CEAV, y en perjuicio de víctimas.

En efecto, parece delicado que tratándose de la integración de expedientes de víctimas, la CEAV acumule -sin causa justificada y sin conocimiento previo de las víctimas- solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para luego, emitir resolución en el expediente (CEAV/CIE/0188/2016) solo respecto de un grupo de víctimas, mientras que a otro grupo (indebidamente incorporado en el mismo expediente): 1) se le deja fuera de la resolución, 2) no se le notifica dicha resolución y, 3) se le obliga a promover sendos amparos -con abogados particulares- para que su solicitud sea resuelta por la CEAV. Voces autorizadas llaman a esto revictimizar.

Escuchar a personas en situación de víctimas -como en el caso comentado-, de entrada, deja clara la falta de preparación, sensibilización, capacitación y  profesionalismo de servidores públicos de la CEAV que, en una actitud de soberbia y rompiendo con el marco jurídico que rige los procedimientos del organismo, realizan algunas argucias para dilatar injustificadamente la resolución del caso, originando un nuevo expediente (un año después del principal) ahora con número CEAV/CIE/0254/2017 y cuyas víctimas indirectas, a más de dos años de distancia  siguen esperando justicia.

Grave negligencia e irresponsabilidad de CEAV, por actos y omisiones, considerando que se encuentran involucrados derechos humanos de una niña menor de edad, a la que, junto con su madre, en una irrazonable e ilegal actuación del organismo, mediante diversa resolución violentó sus derechos a nos ser discriminadas y gozar de las garantías de igualdad y seguridad jurídica que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual nuevamente son obligadas a ejercer acciones de amparo -a su costa-, para proteger y defender sus derechos fundamentales. Entonces, cuál es el papel de la CEAV, acaso litigar contra las víctimas(?).

Al margen del caso referido -mismo al que sin duda daremos seguimiento y apoyaremos si es necesario en el plano internacional de protección de los derechos humanos-, parece imperioso que el nuevo enfoque de gobierno sea enderezar las estructuras y filosofía del servicio público, pero en este camino la prioridad en la atención a víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, no puede continuar en el mundo de las estadísticas, de  las referencias gráficas y, menos aún del lucro político de antaño.

La filosofía del humanismo puso en el centro de estudio al ser humano, punto de partida para su conocimiento y entendimiento. Es momento de poner en el centro y sin simulaciones a las personas que, en situación de víctimas, no hacen más que reclamar el efectivo cumplimiento de sus derechos.

El combate a la corrupción impone acabar con la impunidad generada desde las altas esferas burocráticas. Titulares de organismos como la CEAV no pueden ser fruto de componendas políticas que no garantizan el cumplimiento de deberes constitucionales y legales, es resignarse a su apatía, indiferencia, irresponsabilidad y negligencia, atentando contra el derecho humano a una buena administración para los ciudadanos y, especialmente, para las víctimas.

 

* Con información de Javier Quetzalcóatl Tapia UrbinaDocente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.