Cuando estaba en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la Amnistía para presos políticos, como uno de sus programas más sonados, y al menos el pasado diciembre se dejó ver un posible  inició, con la excarcelación de 16 personas detenidas arbitrariamente por haber defendido sus derechos, territorio o no estar de acuerdo con gobiernos anteriores.

La Secretaría de Gobernación tiene registro de 368 personas presas por motivos políticos. Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia mencionó que “muchos de ellos no han tenido sentencia condenatoria ni absolutoria, lo que constituye privación prácticamente ilegal de la libertad por parte de las autoridades”, señaló que ya está en función una mesa conformada por abogados de las personas presas y funcionarios públicos, incluido personal de reclusorios y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), para revisión de la situación de cada persona y poder liberarla. Sin embargo, por el momento sólo se podrán liberar a quienes están detenidos por delitos del orden federal.

La historia del preso político Roberto Cárdenas Rosas, indígena, del municipio de San Miguel Copala, Oaxaca, es uno de los casos que conforman el registro de gobernación, lleno de irregularidades, arbitrariedades, tortura, y otros intereses.

Roberto fue acusado de haber asesinado a dos personas de la misma región donde vivía y, tras su encarcelamiento, se le inculpó del asesinato del líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, asesinado el 23 de octubre de 2010, cuando Roberto llevaba siete años preso. Los jueces Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla de Guerrero y Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, quienes tenían a cargo el estudio de los procesos penales 57/2002 y 168/2014 aceptaron la imputación como autor intelectual del homicidio de Pazos.

Cárdenas Rosas se empleaba en trabajos del campo y albañilería; ha enfrentado un proceso penal más que irregular en el Centro de Reinserción Social No 2 de la Villa Etla, donde actualmente se encuentra recluido. El pasado 14 de enero, cumplió 16 años preso; fue detenido durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, que se considera como uno de los más violentos y abusivos sobre las comunidades indígenas oaxaqueñas, rodeado de un tinte político que detonó sobre él, porque se pugnaba por causas justas y por la autonomía.

Los tres cambios de reclusorios que ha vivido Roberto llaman la atención, porque ha denunciado que ha sido maltratado, torturado física y psicológicamente por parte de custodios, lo que con el tiempo derivó en una lesión que tuvo que ser intervenida, actos de los que la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca tiene conocimiento.  A inicios de 2018, Cárdenas acuso a Bonifacio Magaña Fernández, custodio del Centro de Internamiento de la Villa Etla, de continuamente agredirlo, la declaración esta asentada en una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía del Estado, con número 302 (FEMCCO-SA)/2017.

El detenido ha tenido diligencias sin un traductor triqui, la razón es que dice la autoridad que no hay recursos para cubrir los honorarios, pese a que es su derecho. Por si fuese poco, no existió necropsia médica legal en el cuerpo de Heriberto Pazos Ortiz, acto ilegal que evidencia la responsabilidad administrativa y penal hacia el médico y hacia el Ministerio Público que lo admitió como prueba dentro de la averiguación previa, por lo que no se sabrá si el deceso de Pazos fue otra a la que se determinó en la imputación.

El gobierno mexicano no dejó de sorprender, sobre todo cuando se ha vuelto un custodio de la impunidad, y es que mientras Roberto está preso, a mediados de noviembre de 2018, se excarcelo a dos integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) acusados, entre otros delitos, de los asesinatos de los activistas Alberta “Bety” Cariño Trujillo (oaxaqueña Triqui) y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, presuntamente por falta de elementos, aunado a que las testigos se han rehusado a declarar, porque el Estado mexicano no garantizó su seguridad e integridad física ante una posible agresión.

Era febrero de 2007, la madrugada había llegado al poblado. Cuando todos dormían irrumpieron con disparos y amenazas en el Municipio, paramilitares que llevaban AK-47, dijeron que si no abandonaban el Municipio, éste iba a ser incendiado con quien estuviera dentro.  La comunidad Triqui, de la que forma parte Roberto Cárdenas Rosas, se autonombro Autónoma. Sacaron del Municipio a los partidos políticos, para regirse bajo sus usos y costumbres, hecho que buscaron por hartazgo que la comunidad tenía del Gobierno, del robo de recursos que existen y que entran al Estado sólo para ellos, desató la violencia.

En 2010, los desplazados oaxaqueños llegaron a la Ciudad de México. Hasta el 7 de diciembre de 2013, se les veía en su campamento montado a un costado de la Catedral Metropolitana. De acuerdo a Fidel Flores , -quien fue por un tiempo vocero de la comunidad desplazada Triqui-, más de 300 familias habían sido desplazadas, sólo en esos años. Se habla de 1000 personas que viven en campamentos sobre las calles de Oaxaca, Guadalajara, Sinaloa, Colima y la Cdmx, yendo el desplazamiento en aumento.

Mujeres Triquis desplazadas, dentro de su cuarto de lona, relatan que todo comenzó desde que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, permitió la irrupción de paramilitares y les facilitó el armamento. -Se les preguntó si el problema se ha transformado en un problema entre familias, esto, por la similitud entre los apellidos, de quienes desconocen del MULT, y quienes conformar el MUL, como Fidel Flores y Merino Martínez. Fue un rotundo no. Ni  la posibilidad de pensar así el conflicto, aseguran, -es directo con el gobierno y su pacto con paramilitares-. “No se preocupaban por todos los que estábamos con hambre en la calle, ni de familiares asesinados; sólo de seguir ocupando nuestras casas”.

“Ulises Ruiz, nos mantuvo por ocho meses sin agua, luz, comida y sin poder salir de la comunidad a buscar víveres y alimentos. Estuvimos incomunicados y amenazados por el  MULT y el Partido de Unidad Popular (MULT-PUP) así como por la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui- Partido Revolucionario Institucional (UBISORT-PRI) paramilitares responsables de las muertes y la violencia en el municipio de Copala”.

Los hechos se dieron cuando una carava de activistas defensores de derechos humanos y comunicadores intentó llevar alimentos, medicinas y agua,  fue emboscada en el Paraje La Sabana a dos kilómetros de San Juan Copala, (aseguran mujeres Triquis que fue emboscada por el MULT-PUP y la UBISORT-PRI), quienes les colocaron piedras a la salida de La Sabana, e impidieron el acercamiento con la gente.

De la caravana, fallecieron la activista Betty Cariño Trujillo, fundadora de la radio comunitaria, “La Voz que Rompe el Silencio”, el observador Finlandés de Derechos Humanos, Jyri Jaakkola, su líder moral y fundador del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Timoteo Alejandro y  su esposa, Tleriberta Castro Aguilar. Salieron heridos una reportera y fotógrafo de la Revista Contralínea.

Ese mismo día, en la comunidad de Pino Suárez, Copala, asesinaron a las comunicadoras Teresa Bautista Merino, de 22 años y Felicitas Sánchez Martínez, de 20 años. Los paramilitares del MULT sitiaron el Municipio de San Juan Copala. A  la fecha, viven en las casas de los desplazados; peses a las manifestaciones con plantones en los corredores del Palacio de Gobierno de Oaxaca, fueron desalojados y reprimidos.

La comunidad diplomática europea cada año realiza una visita pronunciándose con preocupación por la lentitud con que se resuelve el caso, desde que un juez oaxaqueño emitió las ordenes de aprehensión de 12 personas en 2011 a quienes tenían plenamente ubicadas, los años transcurrieron y fue hasta febrero de 2015, que uno de los presuntos asesinos fue detenido y, pese a la presión del Parlamento Europeo, sus representantes Franziska Keller y Heidi Hautala afirmaron que un obstáculo importante ha sido y sigue siendo la protección continua de los presuntos asesinos.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no se inmutaría  frente al conflicto diplomático que se le vino y el mutismo fue oficial, pese a que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea le exigieron rendir cuentas.

Lamentablemente el homicidio de los activistas ha seguido impune y desde hace años, algunas mesas de trabajo en Bruselas, han denunciado que el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos. Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto no brindó seguridad a las mujeres que atestiguaron el ataque, al ser amenazadas de muerte si no retiraban los señalamientos ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en su gobierno se liberarían a dos de los responsables.

Con información de nuestra colaboradora Samantha Lara