Con pintas, mantas y esténciles, los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 repudiaron la permanencia del profesor de Karate Takashi Ota Numata, luego de enterarse de la resolución del Jurídico Central que estableció una sanción por sólo ocho días de suspensión laboral, sin goce de sueldo.

El profesor Takashi fue acusado de practicas de violencia física y psicológica en los entrenamientos; además de abuso sexual a una alumna de la UNAM.

La denuncia se dio en noviembre de 2018; fue canalizada a la Dirección General del Deporte y sin apego al proceso que establece el Protocolo para la Atención de Casos de  Violencia de Género de la UNAM.

El jurídico conmutó la rescisión del contrato individual de trabajo por una sanción de suspensión de ocho días hábiles. Según información de la Dirección General del Deporte, el profesor llevó abogado, amigos y empleados como testigos, mientras que los denunciantes no tuvieron el acompañamiento o asesoría jurídica, que establece el Protocolo.

Los estudiantes piden a la dirección del plantel el despido del profesor y atención a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que en el CAPÍTULO II, artículo 10, define la Violencia Laboral y Docente: ésta “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual”.

Las cifras que da el Informe anual (2017-2018) sobre la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género reporta datos detallados e importantes sobre el número de quejas (251); así como los porcentajes de la relación de los presuntos agresores con la víctima, siendo principalmente una relación académica y mujeres las víctimas.

Aunque existen otras instancias y mecanismos de protección o defensa de los derechos de las víctimas; el caso de la Preparatoria Antonio Caso es una muestra más de las deficiencias en la aplicación del Protocolo, e indudablemente la UNAM está obligada a hacer una revisión de sus procesos.

Con información de Primera Voz